Caso paltas: el conflicto de interés de la Seremi de Medioambiente de Valparaíso.

A fines de marzo el presidente Sebastián Piñera anunció al nuevo seremi del Medio Ambiente de Valparaíso. Este nombramiento no era nada menor, pues una de las provincias de esa región es Petorca, declarada zona de escasez hídrica, donde no solo se han secado los ríos, sino que también están en peligro de extinguirse las napas subterráneas.

El currículum de la seremi que asumía el desafío en este sector pasó inadvertido. No se caracterizaba por su experiencia en temas ambientales; se trataba de una arquitecta de la Universidad Finis Terrae, con un magíster en Políticas Públicas de la Universidad del Desarrollo y un año de labores (entre 2010 y 2011) en la Secretaría de Desarrollo Regional y Administrativo (Subdere) de la Región de Valparaíso, durante el primer gobierno del piñerismo.

Pero había otro dato que, solo ahora, con el paso de los meses, comenzó a circular entre las comunidades. Se trata de las relaciones familiares de María Victoria Gazmuri con empresarios de la zona.

El zar de las paltas.

El año 2011, el concejal Rodrigo Cuevas declaró a El Mostrador que en el valle existían tres empresas culpables de dejar “seco” el sector. Entre estas se encontraba la agrícola Río Tinto, propiedad del empresario Álvaro Gazmuri Plaza.

Aquellas palabras de la autoridad, se enmarcaban en esta crisis que los pequeños agricultores vienen sintiendo desde que el negocio de las paltas se tomó los terrenos de los cerros; una situación que ha sido visibilizada incluso por la prensa internacional, como un reportaje de The Guardian, publicado la semana pasada, donde se describían los efectos que están teniendo estas denuncias en los grandes supermercados importadores, donde se está evaluando no volver a comprar este fruto por el efecto que genera el desvío de aguas en las comunidades; en contraste a lo que sucede en Chile, donde el conflicto no se ha tomado la agenda de las altas autoridades.

María Victoria Gazmuri es hija del propietario de la Agrícola Río Tinto, aquel que fue apuntado por el concejal Cuevas hace siete años. El vínculo es importante, pues es la seremi de Medio Ambiente quien es encargada de fiscalizar que nadie abuse de los recursos naturales finitos. Para esas labores, Gazmuri recibe 3.874.946 de pesos brutos al mes.

El alcalde de Petorca, Gustavo Valdenegro, al referirse a la usurpación de agua por parte de los empresarios de la agro-exportación de frutas de Petorca planteó que “ninguno ha sido capaz de demostrar lo contrario. Ellos no han tenido el interés ni las ganas de demostrar lo contrario. Si yo no tuviera nada que temer sería el primero en demostrar que el robo de agua no es cierto, ellos no se han querido someter a un estudio acabado del agua que consumen, o si esto tiene o no drenes ilegales. Esto es sospechoso”.

Sobre el conflicto de interés que existe entre la autoridad regional y el productor de paltas de Petorca, el edil dijo que “es la tónica de este gobierno tener tantas afinidades y conflictos de interés. Esto no es bueno para nada”.

Por su parte, Rodrigo Mundaca, vocero del Movimiento de Defensa del Agua, la Tierra y la Protección del Medioambiente, quien ha sido perseguido e incluso demandado por exponer la usurpación de agua, planteó que “en materia de conflictos de intereses el gobierno de Piñera tiene mucho que decir y que explicar. En su campaña presidencial dijo que daría certeza jurídica de que la propiedad del agua no se iba a tocar, y hoy tiene más de cinco ministros en su gabinete que son dueños de derechos de aprovechamientos de agua”.

“Los conflictos de intereses se dan a todo evento en la provincia de Petorca, donde conspicuos productores de palta que han sido sindicados por usurpar agua como Álvaro Gazmuri tiene nexos políticos directos con autoridades, como la Seremi de Medio Ambiente de la Quinta Región”, agregó el líder social.

“Este caso es similar a lo que pasó cuando denunciamos a Pérez Yoma por usurpar aguas, cuando fungía como ministro del Interior del primer gobierno de Bachelet. Así también ocurrió con Eduardo Cerda, diputado en ejercicio hasta marzo de 2014, que fuera denunciado desde el año 2011 por usurpar agua siendo miembro de la Comisión de Agricultura de la Cámara de Diputados y además integraba la Comisión Investigadora para el Robo del Agua, es decir, los conflictos de intereses en materia de robo del agua en la provincia de Petorca son historia pasada, pero también una historia presente”, profundizó el vocero de Modatima.

Café vendido tendrá advertencia por cáncer: hay empresas que operan en Chile.

Una corte de Los Ángeles ordenó a Starbucks y a otras compañías de café que sus productos vendidos en California tengan una etiqueta que advierta sobre el riesgo de cáncer por su consumo.

El juez Elihu Berle reafirmó una decisión previa en un caso entre una pequeña ONG y 90 compañías que producen o venden café. Berle explicó en su fallo que las compañías -que incluye a Starbucks Corp., Keurig Green Mountain Inc. y Peet’s Operating Co.- no pudieron demostrar que los beneficios para la salud del consumo de café superan los riesgos de contraer cáncer por un químico producido durante el proceso de tostado.

El Council for Education and Research on Toxics (Consejo para la educación e investigación sobre tóxicos) demandó a estas compañías en 2010, inspirado en una ley de hace 30 años que requiere que las empresas coloquen etiquetas de advertencia a sus productos que puedan causar cáncer.

El grupo argumentaba que la acrilamida un químico sin sabor que se encuentra en la mayoría de los tipos de café- figura entre los cientos de productos químicos enumerados en California como potencialmente cancerígenos o dañinos para la salud.

La defensa no negó que la sustancia se halle en el café, pero aseguró que no representaba riesgo y que un subproducto natural del proceso de tostado, así como también indicaron que los beneficios de beber café superaban a los peligros.

El juez, sin embargo, consideró que “los demandados no ofrecieron pruebas sustanciales para cuantificar la cantidad mínima de acrilamida que requiere el café” y que no haya riesgo a la salud pública.

Varias de las empresas demandadas, incluida 7-Eleven, querían llegar a un acuerdo antes de la decisión del juez y no arriesgarse a tener que colocar la etiqueta, pero otras como Starbucks decidieron esperar por el fallo de la corte.

El abogado Raphael Metzger, que representó a la ONG, dijo que las partes entraron en un proceso de mediación pero aseguró que si no se logra un acuerdo, las compañías enfrentarán sanciones civiles.

Además del café, la acrilamida se encuentra en otras comidas cocinadas a alta temperatura, como las papas fritas y las galletas de soda.

El desconocido asesor de Bitran: trabajó en acuerdo con SQM y ahora con Tesla.

En agosto de 2017, el abogado chileno Evan Epstein (40) –que vive hace 14 años en Estados Unidos– estaba de visita en Chile dictando un curso de Derecho en la Universidad Católica, cuando recibió el llamado de Eduardo Bitran. El vicepresidente ejecutivo de Corfo quería reunirse con él para hablar sobre SQM, empresa con la cual Corfo mantenía un arbitraje, y analizar opciones para que Julio Ponce Lerou saliera del gobierno de la minera no metálica.

Por esos días Epstein armaba Pacifica Global, una consultora especializada en temas de gobierno corporativo, anti-corrupción y derechos de accionistas, con casa matriz en San Francisco. En la reunión, el jurista le comentó que a nivel internacional existían distintas maneras de lidiar con controladores, pudiendo separarse el control político del económico y que la tendencia era fijar plazos o condiciones de término de éste a través de “sunset provisions”, una práctica común en EEUU. “En esa época Uber estaba con el problema de su CEO Travis Kalanick, y de esta forma le quitaron la conducción de la empresa”, ejemplifica Epstein.

Tras el encuentro, el abogado regresó a California y sostuvo varias reuniones telefónicas con Bitran, quien logró un acuerdo entre ambas compañías en enero pasado. En el contrato se puso como condición esencial la pérdida de control de parte de Julio Ponce Lerou y sus familiares directos, entre otras mejoras de gobierno corporativo, a cambio de una mayor cuota de litio. Ese acuerdo hoy está siendo cuestionado por los pueblos originarios que presentaron un recurso de protección que fue admitido por la Corte de Apelaciones. En él piden que se deje sin efecto el acuerdo que permitirá a la minera estar presente en el salar hasta el 2030.

Pero el rol de Epstein no terminó ahí. En una conversación con Arthur Rock, algo así como el padre del venture capital, surgió la idea de contactar a Tesla. “Cuando le conté lo que estaba pasando en Chile y que Potash decidió vender su 32% de participación en SQM, Rock me dice ‘esto le tiene que interesar a Elon Musk’”, cuenta.

A través de Stanford, donde el chileno había sido director ejecutivo del centro de gobierno corporativo, contactó a los directores de la empresa. Pero fue después de la visita del emprendedor sudafricano a Chile en diciembre, cuando Epstein le pidió una reunión directamente. El 13 de enero Bitran y su equipo se reunió durante cinco horas con un equipo de Tesla, en los headquarters de la compañía en Palo Alto.

“La idea era ofrecer a Tesla la posibilidad de invertir o comprar litio a largo plazo, pero eso se remitió a SQM que es el productor”, explica. “También le planteamos que la entrada de un socio como ellos sería muy bueno para el país. En eso he tratado de ayudar, aunque no es tan fácil. Hay una batalla legal sobre el control de la empresa”, Tras las conversaciones, la compañía de Elon Musk estaría ahora discutiendo un posible acuerdo de compra de litio y de inversiones con valor agregado con SQM.

EE.UU. sancionó a SQM por prácticas corruptas: ¿Dónde están las autoridades chilenas?

Soquimich fue sancionada en EE.UU. por pagos indebidos a políticos en Chile (US$15 millones). El director del Centro de Gobierno Corporativo de la U. de Stanford, Evan Epstein, explica por qué SQM fue castigada allá y analiza la ausencia de las autoridades chilenas en dichos procesos. Para Epstein, este caso y las sanciones a LATAM reflejan la debilidad de nuestro sistema público, en contraposición al estadounidense, con el cual ninguna empresa quiere enfrentarse. Y muestra la exitosa colaboración de Brasil y los beneficios de sumarse a la cooperación internacional en el combate contra la corrupción.

El 13 de enero de 2017 el Departamento de Justicia y la Comisión de Valores (SEC) de los Estados Unidos anunciaron sanciones en contra de la empresa Sociedad Química y Minera de Chile S.A. (SQM) por infringir la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA), una norma estadounidense que sanciona delitos de cohecho e infracciones contables.

Autoridades estadounidenses determinaron que SQM infringió las disposiciones contables de la ley FCPA, en base a los pagos irregulares por US$15 millones entre los años 2008 a 2015 a políticos, partidos políticos y funcionarios públicos chilenos. La empresa fue multada por un total de US$30 millones y llegó a un acuerdo con el Departamento de Justicia para diferir los cargos por tres años (acuerdo conocido como Deferred Prosecution Agreement o DPA) mediante el cual SQM consintió en: 1) pagar la referida multa penal, 2) continuar cooperando con la investigación del Departamento de Justicia, 3) robustecer su programa de cumplimiento, y 4) acogerse a un monitor corporativo independiente por un plazo de dos años, con un tercer año de auto-monitoreo.

¿Cómo es posible que solo sean las autoridades norteamericanas las que sancionen a una empresa chilena, en un caso de cohecho completamente doméstico, por pagos irregulares hechos en Chile, a políticos, partidos políticos y funcionarios públicos chilenos?

Más aún, ¿dónde están las autoridades chilenas y por qué no han reaccionado frente a esta sanción? Si bien es cierto que a nivel nacional existen procesos judiciales y querellas que siguen su conducto regular, a nivel internacional el escenario es diferente. Era factible pronosticar una sanción de la justicia norteamericana puesto que SQM emite ADRs en la bolsa de valores de Nueva York y, por lo tanto, se configura un vínculo de jurisdicción para sancionar infracciones de FCPA, que como se dijo, sanciona las prácticas corruptas cometidas en el extranjero.

Este es el segundo caso en que las autoridades estadounidenses sancionan a una empresa chilena en menos de un año. En julio de 2016, el Departamento de Justicia y la SEC anunciaron sanciones por más de US$22 millones en contra de LATAM Airlines Group S.A. (LATAM) para resolver sus infracciones a la ley FCPA por no prevenir o detectar pagos indebidos en sus libros y registros, y en sus sistemas de controles de contabilidad interna. En este caso, la sanción se basó en pagos irregulares de LATAM por US$1,15 millones entre 2006 y 2007, a un consultor externo para poner fin a disputas sindicales en el aeropuerto de Buenos Aires.

LATAM también firmó un DPA para para diferir los cargos con el Departamento de Justicia por tres años, consintiendo en: 1) pagar una multa penal, 2) continuar cooperando con la investigación del Departamento de Justicia, 3) robustecer su programa de cumplimiento, y 4) acogerse a un monitoreo corporativo independiente por un plazo de al menos 27 meses. Más aún, la sanción a LATAM tuvo la nefasta distinción de ser la única sanción corporativa por FCPA en 2016 que no tuvo ninguna rebaja al rango de sanciones aplicables, por considerarse que la empresa no tomó acciones disciplinarias en contra del ejecutivo responsable de dicha conducta.

Antes de que se anunciaran las sanciones en contra de LATAM, en febrero del año pasado, la SEC anunció una multa de US$75 mil en contra de Ignacio Cueto Plaza, el CEO de LAN Airlines (subsidiaria de LATAM), por haber autorizado los pagos en Argentina, convirtiéndose así en el primer ciudadano chileno sancionado por infringir la FCPA. Este antecedente permite pensar que el Departamento de Justicia y/o la SEC también podrían sancionar a Patricio Contesse, el ex gerente general de SQM, quien habría autorizado los pagos irregulares a los políticos, partidos políticos y funcionarios públicos chilenos.

En ambos casos, las autoridades chilenas brillan por su ausencia (por lo menos públicamente). En los comunicados de prensa y en las resoluciones de las autoridades norteamericanas, generalmente se agradece y reconoce públicamente la cooperación de las distintas autoridades internacionales, y en algunos casos no solo se les reconoce y agradece, sino que se reparten las sanciones entre los países de acuerdo a fórmulas negociadas, y en base al trabajo realizado por las partes.



En el caso de LATAM y SQM, las respectivas sanciones de US$22 millones y US$30 millones, fueron a parar exclusivamente a las arcas fiscales estadounidenses. A Chile no le correspondió ningún porcentaje, y pareciera que ni se sentaron en la mesa a cooperar, investigar y negociar con sus pares norteamericanos. ¿No sería importante que las autoridades chilenas puedan intercambiar información, cooperar y resolver estos casos conjuntamente con las de Estados Unidos, por lo menos en las investigaciones por infracciones de la ley FCPA que involucren a empresas chilenas y/o pagos corruptos en Chile?

En vista de la evolución internacional de estos casos, es imprescindible que el Ministerio Público y la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) de Chile envíen una delegación a Washington DC, o a algún otro foro internacional, para discutir y negociar con sus pares del Departamento de Justicia y la SEC, especialmente cuando existan casos que tengan alguna conexión nacional. Chile se está quedando atrás en este sentido, y debiera emular el liderazgo regional que ha mostrado Brasil para resolver sus casos de corrupción.

EL LIDERAZGO BRASILEÑO

Brasil, en este contexto, ha realizado una excelente labor en cuanto a su cooperación internacional, en particular con los Estados Unidos. Producto de ello, van a recuperar gran parte del dinero obtenido por las sanciones dictadas en contra de empresas brasileras por cohecho, lo que ha quedado demostrado con los casos de Embraer y Odebrecht/Braskem (adelantándose quizás a las sanciones que podría enfrentar Petrobras en los Estados Unidos, donde la empresa estatal transa ADRs).

En el caso Odebrecht/Braskem, el foco principal del Departamento de Justicia (y el foco exclusivo de la SEC) se centró en la conducta de estas empresas en Brasil, donde se hicieron pagos corruptos por US$349 millones a políticos, partidos políticos y funcionarios públicos brasileros, incluyendo a Petrobras. Pero el Departamento de Justicia también tomó en consideración pagos corruptos por US$439 millones hechos por Odebrecht a funcionarios públicos en otros once países, involucrando una centena de proyectos a través de los cuales Odebrecht se benefició en más de US$1,4 mil millones.

En este caso se configuraron una variedad de nexos jurisdiccionales con los Estados Unidos y Suiza, por lo que las autoridades de las tres jurisdicciones trabajaron conjuntamente para identificar, investigar y finalmente imponer sanciones a Odebrecht (US$2,6 mil millones) y Braskem (US$957 millones), por un total de US$3,5 mil millones. De estos montos, Brasil se llevará la mayor parte con US$2,8 mil millones (70% de las sanciones penales y 80% de las sanciones civiles), Estados Unidos se llevará US$420 millones (10-15% de las sanciones penales y 20% de las sanciones civiles) y Suiza US$355 millones (10-15% de las sanciones penales).

En el caso de Embraer, la empresa acordó pagar US$107,3 millones al Departamento de Justicia y US$98,2 millones a la SEC como monto de restitución de beneficios e intereses. Sin embargo, la SEC aceptó rebajar US$20 millones a su sanción, puesto que Embraer acordó pagar ese monto a las autoridades brasileras. En este caso hubo una gran cooperación internacional entre el Departamento de Justicia, la SEC y el FBI, y las autoridades de Brasil (donde se iniciaron procesos penales en contra de 11 individuos), Francia, España, República Dominicana, Sudáfrica, Suiza y Uruguay.

Otro elemento a destacar es el hecho de que las autoridades brasileras (y otras autoridades extranjeras) pareciera que han consentido en la fórmula establecida por los Estados Unidos para fijar sanciones, consolidando quizás un estándar internacional. Esto podría generar un efecto secundario: incrementar el monto de las sanciones aplicables a empresas infractoras, particularmente porque en los Estados Unidos las sanciones han sido tradicionalmente más onerosas que en jurisdicciones extranjeras. A saber, las sanciones por infracciones de FCPA sumaron más de US$6 mil millones en 2016, pero gracias a la creciente cooperación internacional solo un tercio de este monto (US$2,48 mil millones) entrará a la Tesorería de los Estados Unidos. El resto entrará a las arcas fiscales de Brasil (US$2,8 mil millones), Holanda (US$397,7 millones) y Suiza (US$354,9 millones).

COOPERACIÓN INTERNACIONAL

Las autoridades norteamericanas han liderado la lucha contra la corrupción internacional, y para ello han adoptado una interpretación expansiva de su jurisdicción para perseguir infracciones de FCPA. Está claro que todos los emisores de valores en los Estados Unidos deben sujetarse a dichas normas (SQM y LATAM son dos de las doce empresas chilenas que emiten ADRs en los Estados Unidos). Pero es importante resaltar que también se han aplicado sanciones a individuos y a empresas extranjeras no emisoras sobre la base de contactos de minimis con los Estados Unidos. Por ejemplo, es suficiente “la realización de una llamada telefónica o el envío de un correo electrónico, mensaje de texto o fax desde, hacia o a través de los Estados Unidos (…) una transferencia bancaria desde o hacia un banco de los Estados Unidos u otro uso del sistema bancario estadounidense, o un viaje por las fronteras estatales o internacionales desde o hacia los Estados Unidos.” Un individuo o una empresa extranjera también puede ser responsables si ayuda o instiga, conspira o actúa como agente de un emisor, o de una persona o una empresa de los Estados Unidos, independientemente de si el propio extranjero o la propia empresa ejecuta alguna acción en los Estados Unidos.

Por lo tanto, es un error pensar que solo las empresas extranjeras que emiten ADRs en los Estados Unidos están sujetas a la normativa FCPA. Más bien, todas las empresas extranjeras, y sus directorios respectivos, debieran estar notificadas sobre la posibilidad de que cualquier acto de corrupción a funcionarios públicos puede tener una fiscalización por parte del Departamento de Justicia de ese país si éste logra encontrar algún vínculo con los Estados Unidos, por muy mínimo que sea.

Esto se agrega al hecho de que ninguna empresa, y muy pocos individuos, están dispuestos a enfrentarse en un litigio con el gobierno de los Estados Unidos (donde se podrían alegar los alcances de jurisdicción). La base de datos de la Universidad de Stanford sobre casos de FCPA lo confirma: el Departamento de Justicia cuenta con 296 casos por infracciones de la ley FCPA, de los cuales 75,58% han llegado a acuerdo. La SEC cuenta con 201 casos, de los cuales 91,27% han llegado a acuerdo. Infracciones por FCPA han generado sanciones por casi US$10 mil millones para la Tesorería de los Estados Unidos, en casos que involucran aproximadamente US$4,2 mil millones en cohechos.

Estos datos contrastan con la eficiencia en la lucha contra la corrupción de otras autoridades internacionales que, en general, no gozan del mismo poder y recursos de sus pares norteamericanos. De hecho, en los últimos años el Departamento de Justicia, la SEC y el FBI han aumentado el número de fiscales, abogados, investigadores y agentes con dedicación exclusiva a la fiscalización de la ley FCPA. Este es un incentivo para que las autoridades extranjeras, incluyendo Chile, puedan cooperar y coordinar sus investigaciones con los Estados Unidos, con miras a fortalecer su propia fiscalización a sus casos de corrupción. Esta cooperación ha resultado exitosa no tan solo para Brasil, sino que para muchos otros países como Gran Bretaña, Alemania, Holanda y Suiza.

La cooperación internacional beneficia a todos. A Estados Unidos le permite cerrar más casos en su lucha contra la corrupción, independiente de si las multas entran a sus arcas fiscales o en la de sus socios internacionales. A los demás les sirve para aumentar su propia capacidad fiscalizadora y, en el proceso, les permite recuperar una porción importante de las sanciones aplicables (que pueden ser de una gran cuantía).

Con estos antecedentes, se demuestra una vez más que, para bien o para mal, las miras del Departamento de Justicia y la SEC no tienen fronteras. Pero preocupa aún más la inacción o falta de participación internacional de Chile, reflejado en su ausencia en las sanciones norteamericanas a LATAM y SQM.

Es de esperar que esta inacción de Chile no suceda por tercera vez. Para evitar este escenario, se puede discutir si las autoridades chilenas cuentan con los recursos y/o las herramientas legales suficientes para fiscalizar sus propias normas de corrupción (quizás necesitando adaptar la figura del DPA). Como sea, es imprescindible que Chile aumente su colaboración con sus pares internacionales, donde más que recursos, se requiere de iniciativa y liderazgo.

 * Evan Epstein es director ejecutivo del Rock Center de Gobierno Corporativo de la Universidad de Stanford, dependiente de las escuelas de Leyes y de Negocios de esa universidad.

El senador Bernie Sanders se lanza contra Walmart por los bajos salarios que paga la empresa.



A través de un video viral, el senador demócrata norteamericano se fue con todo contra la empresa multinacional Walmart -presente en Chile a través de supermercados Lider- por los bajos salarios que le paga a sus trabajadores, manteniendo a un importante grupo en la pobreza y con programas de asistencia estatal.

“La familia Walton de Walmart tiene más de $ 160 mil millones, pero los trabajadores de Walmart de bajos salarios están luchando por sobrevivir. ¿Crees que los Walton tienen suficiente dinero para pagarles a sus trabajadores un salario digno?” sostuvo el congresista.

En el registro, se comienza señalando que la familia Walton tiene más riqueza que la acumulada por el 40 por ciento de los norteamericanos de menores ingresos.

Al mismo tiempo se señala que a pesar de su fortuna han despedido a más de 10 mil personas solo este año y que un trabajador promedio que gana 11 dólares la hora, tiene un ingreso de 19.448 dólares al año, muy por debajo de la renta promedio en el país de Trump.

Para comparar, el video señala que la familia Walton aumento su fortuna en 43 mil millones en el periodo comprendido entre marzo de 2017 y marzo de 2018.

Más adelanta se señala en el registro que los bajos sueldos hacen que los trabajadores tengan que depender de la asistencia estatal, costando más de 6 mil millones de dólares a los contribuyentes.

Como si esto fuera poco, agregan que los insumos baratos que Walmart compra en China, significan 400 mil empleos menos en Estados Unidos.

Luego se enumera una serie de irregularidades por las que ha sido denunciada la empresa, entre ellas discriminación y trabajo infantil.

Acuerdo Corfo-SQM por el litio



El recurso de protección presentado a la Corte de Apelaciones argumenta que CORFO llegó a un acuerdo con SQM para que siga operando en la zona omitiendo, en primer lugar, el derecho a consulta indígena de las comunidades atacameñas, además de avalar los graves incumplimientos ambientales de SQM.

Un recurso de protección en la Corte de Apelaciones presentó el Consejo de Pueblos Atacameños impugnando el acuerdo suscrito en enero entre CORFO y SQM, en el  que el organismo estatal renovó a la minera no metálica la cuota de explotación de litio hasta el año 2030, lo que le permite seguir operando en la zona.

La acción legal tiene como finalidad solicitar que se respete el derecho a consulta indígena y que se tomen medidas concretas para la sustentabilidad de la cuenca del Salar de Atacama, donde habitan las comunidades y que hoy, por incumplimientos ambientales de las empresas que explotan el mineral en el área, se encuentra en un nivel crítico desde el punto de vista ambiental.

Según el libelo ingresado en la justicia el 15 de febrero de 2017 (Rol 10.301-2018), se considera absolutamente contradictorio que el Estado acuerde renovarle la concesión a una empresa infractora ambientalmente (SQM) y confesa de tales incumplimientos y que, además, ha defraudado al fisco de múltiples maneras. Esto sin mencionar la trama del financiamiento ilegal de campañas.

En lo específico, el recurso de protección se basa en que CORFO autorice a SQM a seguir explotando el litio que proviene directamente de los recursos hídricos que son el principal sustento para la subsistencia de la cultura atacameña, sin ninguna garantía ambiental para las comunidades que viven en este territorio. Por ello se considera que el acuerdo suscrito en enero de este año es inconstitucional, vulnera el derecho a consulta indígena de las comunidades atacameñas -pues se interviene una vez más el territorio- y el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación del pueblo atacameño.

La nueva ley educativa aprobada por el Gobierno francés ha sublevado a miles de universitarios, que se han encerrado en decenas de centros del país, el último de ellos el prestigioso centro “Sciences Po” de París.

“Macron tu escuela está bloqueada”, anuncia una pancarta colgada de una de las ventanas de “Sciences Po”, el centro situado en pleno corazón de París donde hace años estudió el mandatario y que desde hoy se sumó a las ocupaciones que afectan a una quincena de centros universitarios, el 21 % de los 70 del país.

“Aplicaremos lo aprendido en esta facultad de políticas pero no en los despachos, sino en la calle”, aseguró hoy a Efe Paul, un estudiante de 26 años opuesto a la “selección” que impone la nueva ley de acceso a la universidad, adoptada en febrero.

La aprobación de la ley ORE (Orientación y éxito de los estudiantes) ha generado un nuevo frente de oposición a Macron, quien, en casi un año en el Gobierno, ya se enfrenta a funcionarios públicos y empleados del sector ferroviario, entre otros.

Este nuevo sistema diseñado para hacer frente al aumento de inscripciones, superior al número de plazas disponibles, no agrada a muchos universitarios.

Hasta ahora, cuando había más demanda que oferta, la selección se hacía por sorteo, mientras que en adelante se basará en un expediente preparado por cada alumno.

Algunos estudiantes críticos a la ley aseguran que no habrá recursos humanos suficientes para analizar todas las candidaturas y alertaron que la selección por expediente atenta contra la igualdad de oportunidades.

“Nos oponemos a la idea de meritocracia”, explicó hoy a Efe Jules, un universitario de 23 años que participa en la ocupación de Tolbiac, un edificio de 22 pisos ubicado en el sur de París y dependiente de la Sorbona que se ha convertido en el símbolo de la lucha contra la ORE.

Entre los muros del edificio, revestidos de grafitis reivindicativos, estudiantes y profesores imparten cursos alternativos, acogen a los curiosos y descansan en el “Amphi dodo”, un aula magna transformada en dormitorio.

Una situación que enerva al presidente de la Universidad París 1 Sorbona, Georges Haddad, quien afirmó esta semana que “la violencia, la droga y el sexo” son frecuentes en este centro y ha solicitado la intervención de la policía, que de momento no ha actuado en Tolbiac.

Otros presidentes de universidades como Poitiers o Rennes 2 instaron hoy al Gobierno francés a “abrir rápidamente las negociaciones” con las diferentes partes, en una tribuna publicada en la revista “L’Etudiant”.

La Universidad de Nanterre (noroeste de París), donde nació la revolución de Mayo del 68 hace 50 años, aplazó los exámenes parciales previstos esta semana, después de que la policía evacuase violentamente a algunos estudiantes el 9 de abril.

En Burdeos (suroeste), los exámenes se realizarán fuera de la Universidad, para evitar incidentes.

Esa situación frustra a algunos estudiantes como a los miembros de “Sciences Po En Marche” -grupo pro Macron- que hoy criticaron el bloqueo entre los abucheos de algunos de sus compañeros, aunque dijeron estar “a favor del debate si es constructivo”.

Otros jóvenes opuestos a las protestas declararon a medios franceses que se sienten como en una “toma de rehenes”.

“Es una aberración hablar de toma de rehenes. No poder hacer unos exámenes no es como si alguien te apuntase con un Kaláshnikov”, afirmó a Efe Théo, un joven profesor de filosofía en Tolbiac miembro del sindicato “SUD Éducation”, que propone posponer los exámenes o poner la misma nota a todos los alumnos.

Théo, de 28 años y natural de Borgoña, se muestra reticente a comparar el movimiento de 1968 con el actual, “aunque ambos comparten el mismo romanticismo”, reconoció junto a una pintada que reza “Fuck May 68” (“A la mierda mayo del 68”).

Las ocupaciones continúan en Rennes (noroeste), Estrasburgo (noreste) o Toulouse (sur), mientras que en Montpellier (sur), pionera de estas protestas, un tribunal decidió que los estudiantes deben “desalojar el lugar sin demora”.

El ministro francés de Interior, Gérard Collomb, prometió hoy que el “Estado de derecho” será restablecido “en todas partes” y “en particular en las facultades”, históricamente consideradas un lugar infranqueable para las fuerzas del orden.

Esta ola de protestas se sumó a las sucesivas huelgas de la empresa pública de ferrocarriles SNCF y a las de la aerolínea Air France, que desde hace semanas generan graves transtornos en todo el país.