Marino privatizado: contraalmirante que descartó tsunami el 27/F ahora es experto en emergencias

Este 19 y 20 de noviembre el contraalmirante (r) Roberto Macchiavello expondrá en un seminario internacional sobre emergencias y desastres. El ex jefe naval de la zona del Biobío que descartó la ocurrencia de un tsunami en la madrugada del 27 de febrero de 2010, ahora hace negocios presentándose como experto en el área, a pesar de que se especializó en submarinos. Aunque continúa alegando inocencia, testimonios de carabineros, bomberos, autoridades políticas, un informe de la PDI y la investigación de CIPER lo apuntan como el responsable de difundir información errada que costó decenas de vidas.

En 2010 Roberto Macchiavello Marceli pasó a retiro. Su último año en la Armada lo vivió como comandante en Jefe de la Segunda Zona Naval, la que abarca las regiones del Maule, Bíobío, Araucanía y Los Ríos. En ese cargo se transformó en uno de los protagonistas de la trama judicial que involucra a autoridades civiles y militares que son investigadas por no haber alertado a la población del tsunami que siguió al violento terremoto de 8,8° que azotó la zona centro sur en la madrugada del 27 de febrero de 2010. La cifra de fallecidos por la tragedia se elevó a 156 personas, mientras que los desaparecidos suman 25.

Macchiavello es sindicado por bomberos, carabineros, autoridades políticas y un informe de la PDI todos testimonios incorporados en la investigación judicial-, de ser quien descartó la ocurrencia de un tsunami en la costa de la Región del Bíobío, una de las más afectadas por el movimiento telúrico. La eventual responsabilidad del almirante (r) en ese trágico episodio continúa siendo investigada, pero ya no por el Ministerio Público, sino por la justicia naval. Su situación procesal, en todo caso, no será obstáculo para que a fines de este mes dicte una charla en calidad de experto en el seminario “La resiliencia organizacional ante emergencias y desastres” –que se desarrollará el 19 y 20 de noviembre-, encuentro organizado por ASIS International, organización gremial que agrupa a empresas y profesionales del área de la seguridad.

La exposición del contraalmirante (r), quien se presenta como experto en materias de seguridad, se desarrollará a partir de las 9:00 del viernes 20 en el Hotel Intercontinental. Su presentación se denomina “La administración de las emergencias ante catástrofes en el mundo y el perfil de los profesionales responsables”. Esto, a pesar de que en su larga carrera en la Armada nunca se relacionó con la gestión ante desastres o catástrofes, porque se especializó en submarinos. Recién en 2012, ya retirado, dirigió un curso sobre la materia en la Academia Nacional de Estudios Políticos y Estratégicos (Anepe). Al parecer, esta experiencia tardía resultó suficiente para animarlo a constituir dos sociedades comerciales dedicadas al tema de la seguridad ante desastres y a crear, además, un organismo gremial dedicado al tema.

El rol del marino durante la tragedia del terremoto tomó relevancia luego de que el entonces intendente de la Región del Bíobío, Jaime Tohá, descartó la ocurrencia de un tsunami a través de las ondas de Radio Bíobío a las 5:19 del 27 de febrero de 2010. En esa intervención Tohá dijo: “La Armada, el almirante Macchiavello, nos ha informado que no hay en un horizonte próximo ningún peligro de tsunami, para que la gente evite trasladarse en automóvil a lugares elevados, porque eso no es necesario en este momento”.

Esa declaración de Tohá motivó a muchas personas a volver a sus hogares y desestimar medidas de seguridad. Pocos minutos después una ola destructiva ingresó al centro de Talcahuano. Y a las 6:00 y 6:40 horas se produjeron otras dos entradas de mar que cobraron más vidas. En septiembre de 2011 el Tercer Juzgado Civil de Concepción condenó al Estado a pagar $10 millones a la familia de Luis Soto Repiso, un chofer de taxibuses de Chiguayante que luego de escuchar al intendente en la radio descartar el peligro, decidió ir a buscar a su familia a Talcahuano. Condujo su vehículo por la ruta Interportuaria –que bordea el mar-, pero nunca llegó a destino. Una ola gigantesca arrasó la autopista y su cuerpo recién pudo ser hallado el 19 de marzo de ese año.

La fiscal Solange Huerta, quien hasta ahora encabeza la investigación de la Fiscalía, no incluyó a Macchiavello en las rondas de formalizaciones que se han concretado a lo largo de estos años. Esto se explica porque la persecutora se declaró incompetente en esta arista debido a las funciones militares que ese día cumplieron Macchiavello y otros marinos, cuyos casos están siendo indagados por la justicia naval desde el 8 de abril de 2013.

En conversación con CIPER, Roberto Macchiavello señaló: “Ese es un proceso que está tan ventilado, tan arreglado… la verdad es que no estoy al tanto. No sé en qué está”. Agregó que hasta el minuto no le han podido probar ninguna acusación. “Lo que se escribió en 2010 tiene mucho de ciencia ficción”, remarcó, sosteniendo su inocencia respecto de eventuales responsabilidades en el descarte del tsunami que provocó que muchos habitantes de Talcahuano y otras localidades de la región retornaran a sus casas a pesar del peligro al que estaban expuestos.

Consultado por su expertise en materia de seguridad, la que podría justificar su participación en un seminario que recogerá las visiones de peritos en el tema, comentó que está acreditada por su larga trayectoria en la Armada.

LOS DELINCUENTES QUE ESTÁN DETRÁS DE LA TELETÓN: PENTA, HIDROAYSÉN Y FARMACIAS AHUMADA

UN ARTÍCULO DE EL DESCONCIERTO vuelve a poner en evidencia la mafia que está detrás de la Teletón, donde tras el negocio de la caridad se encuentra una turbia máquina para evadir impuestos, que de paso, resulta muy útil para obtener publicidad gratis y lavar la imagen de las empresas. Algo contradictorio considerando que según ellos mismos reconocen, LAS EMPRESAS APORTAN APENAS EL 30% DEL MONTO FINAL RECAUDADO. Parte del artículo señala:

El manejo de esos recursos por parte de entidades privadas es una de las cosas que la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad de la ONU criticó en su informe del año pasado sobre la Teletón en México. El documento además señala su preocupación sobre dicha campaña, la que “promueve estereotipos de las personas con discapacidad como sujetos de caridad”. En Chile aún se naturaliza que el Estado no se ocupe directamente de quienes necesitan recibir una atención médica digna y el hecho que se desvíe recursos para financiar este tipo de eventos privados que suplen su responsabilidad.

Pero ¿quiénes son los que están detrás de la Teletón? “El supermercado de la caridad” como lo calificó durante el año 2011 el entonces dirigente estudiantil, Giorgio Jackson, es administrado desde 1978 por Don Francisco, quien en plena dictadura se alió con la Sociedad Pro-Ayuda del niño lisiado para crear el show. Hasta septiembre, el presidente del directorio de la Fundación Teletón, era Carlos Alberto Délano, militante de la UDI, procesado por fraude tributario al Fisco por el caso Penta y sus donaciones irregulares a las campañas de los candidatos gremialistas.

La marginación de Carlos Alberto Délano del directorio de Teletón, fue raudamente reemplazada por el actual director de las Empresas Penta, Alfredo Moreno, el canciller de Chile durante el gobierno de Piñera. También están en el directorio de la Fundación representantes de Clínica Las Condes, Rodolfo Rosenfeld; el director de Farmacias Ahumada, Alfredo Schönherr tesorero de la Teletón; el subgerente general de Enersis (la empresa detrás de Hidroaysén), Daniel Fernández; el gerente general de empresas CCU, Patricio Jottar; el gerente general de LAN, Ignacio Cueto; el gerente general corporativo de Empresas Ripley, Lázaro Calderón; entre otros.

Son ellos quienes administran la solidaridad y suplantan las funciones que el Estado debería asumir. Controlan el dinero que se deposita con ánimos de ayudar a quienes más lo necesitan, reservándose como ente privado su derecho a elegir materiales, equipos, contratos y licitaciones. Sólo con la meta que la Teletón se puso este año y usando como referencia el Plan de Inversión Hospitalaria 2014-2018 que propuso la presidenta Michelle Bachelet, se podrían construir hasta 9 hospitales de 6 mil m² en Lonquimay. Lo que harán con el dinero recaudado este 28 y 29 de noviembre, será una decisión que deberemos fiar a empresarios que más de una vez se han coludido para delinquir en contra de los intereses de la ciudadanía.

CONFIRMAN QUE SI CHILE APRUEBA EL TPP SE RETRASARÁ LA ENTRADA DE MEDICAMENTOS MÁS BARATOS

Mientras Michelle Bachelet se encuentra EN UNA VERGONZOSA CAMPAÑA DEFENDIENDO EL ACUERDO TRANSPACIFIC PARTNERSHIP (TPP) FIRMADO CON ESTADOS UNIDOS, y que ahora tiene que validar el Congreso, expertos revelaron que en el texto final del acuerdo, aparece que la protección de datos y composición de medicamentos biológicos será de 8 años o de 5 años más “otras medidas” que brinden una protección “comparable en el mercado”, la que puede demorar varios años. UN ARTÍCULO DE THE CLINIC RESUME LAS IMPLICANCIAS DE ESTA PELIGROSA “LETRA CHICA”

La página web de la Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales (Direcon) reveló que la negociación se cerró con dos alternativas: un texto que deja la protección de datos para este tipo de fármacos en 8 años y otro idéntico que establece 5 años, pero sujeto a resultados comparables en el mercado con “efectiva protección comercial” que se pueden extender por varios años más. Una situación que el Ministerio de Salud no recomendó y llamó a que no ocurriera porque podría impactar directamente en el precio de los remedios de alto costo, los mismos que forman parte del fondo de la denominada Ley Ricarte Soto.

La minuta elaborada en la Subsecretaría de Salud Pública -a la que accedió The Clinic Online llamada “Impacto económico y sanitario de la extensión de la protección de datos de productos farmacéuticos biológicos” es la que alertó a la secretaria de Estado sobre los alcances del TPP en los precios de los medicamentos y, especialmente, en el futuro Fondo de Tratamientos de Alto Costo, más comúnmente llamado Ley Ricarte Soto. Ahí el texto señala que al bloquear los registros de productos genéricos o similares, la medida genera un monopolio comercial fáctico para quien la obtiene, lo que le permite asignar el precio que desee al producto y mantenerlo durante al menos cinco años sin competencia ni restricciones.

Según el informe, actualmente las compras que realiza el sector público en medicamentos biológicos y biotecnológicos alcanza a un 26% del total de medicamentos adquiridos, llegando a 91 mil millones de pesos el año 2014. Esa cifra aumentará prácticamente al doble con el funcionamiento en régimen del Fondo de Tratamientos de Alto Costo (Ley Ricarte Soto), ya que los productos que se pretenden cubrir con este fondo son todos biotecnológicos. “Cada año adicional a los 5 años actuales de protección de datos equivalen en promedio a 770 millones de dólares anuales, lo que corresponde a 540.000 millones de pesos, es decir, a más de cinco Fondos de Tratamientos de Alto Costo que podrían financiarse”, dice el texto.

Además, el informe señala que existe evidencia en nuestro mercado que cuando se acaba la protección de datos los precios se reducen un 15% en el mercado retail de farmacias. También se han detectado precios más bajos de biotecnológicos genéricos en las compras del sector público (Cenabast), los que alcanzan a un 45% y 95% de reducción respecto a los medicamentos biotecnológicos innovadores. Por eso, la entrada de genéricos que permitan medicamentos a precios más bajos “no sería posible si la protección de datos se extendiera a 12 u 8 años como se está proponiendo en el TPP”.

“Al contrario de lo afirmado por Cancillería, la exclusividad de datos que restringe el ingreso de fármacos bioequivalentes sí fue cedida, no como estaba contemplado en un principio a través de los ocho años de información no divulgada, sino a través de un texto ambiguo que obliga al Estado de Chile a establecer otras medidas adicionales a los cinco años para que las farmacéuticas tengan exclusividad de mercado comparable con los ocho años”, dice Tomás Lagomarsino, presidente de la Fundación Equidad. El médico cirujano agrega que “esto afectará los productos biológicos como son los tratamientos para las enfermedades autoinmunes, el cáncer y las vacunas, imponiendo de este modo una carga adicional financiera al sistema de salud en sus distintos niveles: Ley Ricarte Soto, planes de Isapres, cobertura adicional para enfermedades catastróficas, fármacos adquiridos por la CENABAST, garantías explícitas en salud (GES), usuarios que compren sus medicamentos en las farmacias del retail y, por qué no incluirlas, también en las farmacias populares”.

JOSEPH STIGLITZ Y EL TPP: CHILE NO ESTÁ GANANDO NADA... "NO ENTIENDO A BACHELET"

El economista y premio Nobel Joseph Stiglitz dio una entrevista a EL MERCURIO respecto al TPP Y EL IMPACTO QUE TENDRÁ PARA CHILE.

¿Sus conclusiones? El TPP es un mal acuerdo y Chile no debería firmarlo: “cualquiera que esté preocupado por el procedimiento legal, por el balance entre las corporaciones y el resto de la economía tiene que estar en contra de él”.

A continuación, algunos pasajes interesantes:

Sobre los beneficios económicos del TPP para Chile:

“No hay real evidencia de que eso sea cierto. Hay algunos estudios que dicen que sí, y muchos informes que dicen que no, que esto no apoyará al crecimiento económico”.

Sobre lo antidemocrático del proceso:

“Este es un mal acuerdo, que fue negociado en secreto sólo por las corporaciones, no se incluyó a grupos relacionados con el medio ambiente, con la salud, ONG, ninguno de sus argumentos estuvieron sobre la mesa. Y el resultado es exactamente el que usted puede predecir de ese tipo de proceso: las corporaciones tendrán un poder incontrolable”.

Sobre los peligros al derecho a la salud:

“El acuerdo cambia el balance y aumenta el poder de las grandes farmacéuticas frente a los medicamentos genéricos. Reduce la fuerza de la regulación de los precios establecidos por las corporaciones y el uso de formularios. Por lo tanto, no sólo restringe la habilidad de los genéricos de competir, sino que además la habilidad de Chile de usar regulaciones u otros mecanismos para tratar de mantener precios razonables”.

Sobre el sistema de resoluciones de conflictos ente empresas y Estado:

“El punto es que el acuerdo tiene disposiciones muy fuertes que restringen la habilidad de regular. Y si ustedes aprueban una regulación que frustre las perspectivas de algunas firmas, ellas pueden demandarlos.

Eso significa, en la práctica, que si ustedes aprueban una regulación sobre el medio ambiente o sobre los transgénicos, o sobre la economía, hay una alta probabilidad de que su propuesta sea demandada. Y las magnitudes de estas demandas son sencillamente enormes”.

Para saber mas de como TPP nos va a cagar la vida, gracias en parte a nuestra incompetente Presidenta Bachelet visiten TPPABIERTO y DERECHOS DIGITALES