El desconocido asesor de Bitran: trabajó en acuerdo con SQM y ahora con Tesla.
En agosto de 2017, el abogado chileno Evan Epstein (40) –que vive hace 14 años en Estados Unidos– estaba de visita en Chile dictando un curso de Derecho en la Universidad Católica, cuando recibió el llamado de Eduardo Bitran. El vicepresidente ejecutivo de Corfo quería reunirse con él para hablar sobre SQM, empresa con la cual Corfo mantenía un arbitraje, y analizar opciones para que Julio Ponce Lerou saliera del gobierno de la minera no metálica.
Por esos días Epstein armaba Pacifica Global, una consultora especializada en temas de gobierno corporativo, anti-corrupción y derechos de accionistas, con casa matriz en San Francisco. En la reunión, el jurista le comentó que a nivel internacional existían distintas maneras de lidiar con controladores, pudiendo separarse el control político del económico y que la tendencia era fijar plazos o condiciones de término de éste a través de “sunset provisions”, una práctica común en EEUU. “En esa época Uber estaba con el problema de su CEO Travis Kalanick, y de esta forma le quitaron la conducción de la empresa”, ejemplifica Epstein.
Tras el encuentro, el abogado regresó a California y sostuvo varias reuniones telefónicas con Bitran, quien logró un acuerdo entre ambas compañías en enero pasado. En el contrato se puso como condición esencial la pérdida de control de parte de Julio Ponce Lerou y sus familiares directos, entre otras mejoras de gobierno corporativo, a cambio de una mayor cuota de litio. Ese acuerdo hoy está siendo cuestionado por los pueblos originarios que presentaron un recurso de protección que fue admitido por la Corte de Apelaciones. En él piden que se deje sin efecto el acuerdo que permitirá a la minera estar presente en el salar hasta el 2030.
Pero el rol de Epstein no terminó ahí. En una conversación con Arthur Rock, algo así como el padre del venture capital, surgió la idea de contactar a Tesla. “Cuando le conté lo que estaba pasando en Chile y que Potash decidió vender su 32% de participación en SQM, Rock me dice ‘esto le tiene que interesar a Elon Musk’”, cuenta.
A través de Stanford, donde el chileno había sido director ejecutivo del centro de gobierno corporativo, contactó a los directores de la empresa. Pero fue después de la visita del emprendedor sudafricano a Chile en diciembre, cuando Epstein le pidió una reunión directamente. El 13 de enero Bitran y su equipo se reunió durante cinco horas con un equipo de Tesla, en los headquarters de la compañía en Palo Alto.
“La idea era ofrecer a Tesla la posibilidad de invertir o comprar litio a largo plazo, pero eso se remitió a SQM que es el productor”, explica. “También le planteamos que la entrada de un socio como ellos sería muy bueno para el país. En eso he tratado de ayudar, aunque no es tan fácil. Hay una batalla legal sobre el control de la empresa”, Tras las conversaciones, la compañía de Elon Musk estaría ahora discutiendo un posible acuerdo de compra de litio y de inversiones con valor agregado con SQM.
lunes, 23 de abril de 2018
EE.UU. sancionó a SQM por prácticas corruptas: ¿Dónde están las autoridades chilenas?
Soquimich fue sancionada en EE.UU. por pagos indebidos a políticos en Chile (US$15 millones). El director del Centro de Gobierno Corporativo de la U. de Stanford, Evan Epstein, explica por qué SQM fue castigada allá y analiza la ausencia de las autoridades chilenas en dichos procesos. Para Epstein, este caso y las sanciones a LATAM reflejan la debilidad de nuestro sistema público, en contraposición al estadounidense, con el cual ninguna empresa quiere enfrentarse. Y muestra la exitosa colaboración de Brasil y los beneficios de sumarse a la cooperación internacional en el combate contra la corrupción.
El 13 de enero de 2017 el Departamento de Justicia y la Comisión de Valores (SEC) de los Estados Unidos anunciaron sanciones en contra de la empresa Sociedad Química y Minera de Chile S.A. (SQM) por infringir la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA), una norma estadounidense que sanciona delitos de cohecho e infracciones contables.
Autoridades estadounidenses determinaron que SQM infringió las disposiciones contables de la ley FCPA, en base a los pagos irregulares por US$15 millones entre los años 2008 a 2015 a políticos, partidos políticos y funcionarios públicos chilenos. La empresa fue multada por un total de US$30 millones y llegó a un acuerdo con el Departamento de Justicia para diferir los cargos por tres años (acuerdo conocido como Deferred Prosecution Agreement o DPA) mediante el cual SQM consintió en: 1) pagar la referida multa penal, 2) continuar cooperando con la investigación del Departamento de Justicia, 3) robustecer su programa de cumplimiento, y 4) acogerse a un monitor corporativo independiente por un plazo de dos años, con un tercer año de auto-monitoreo.
¿Cómo es posible que solo sean las autoridades norteamericanas las que sancionen a una empresa chilena, en un caso de cohecho completamente doméstico, por pagos irregulares hechos en Chile, a políticos, partidos políticos y funcionarios públicos chilenos?
Más aún, ¿dónde están las autoridades chilenas y por qué no han reaccionado frente a esta sanción? Si bien es cierto que a nivel nacional existen procesos judiciales y querellas que siguen su conducto regular, a nivel internacional el escenario es diferente. Era factible pronosticar una sanción de la justicia norteamericana puesto que SQM emite ADRs en la bolsa de valores de Nueva York y, por lo tanto, se configura un vínculo de jurisdicción para sancionar infracciones de FCPA, que como se dijo, sanciona las prácticas corruptas cometidas en el extranjero.
Este es el segundo caso en que las autoridades estadounidenses sancionan a una empresa chilena en menos de un año. En julio de 2016, el Departamento de Justicia y la SEC anunciaron sanciones por más de US$22 millones en contra de LATAM Airlines Group S.A. (LATAM) para resolver sus infracciones a la ley FCPA por no prevenir o detectar pagos indebidos en sus libros y registros, y en sus sistemas de controles de contabilidad interna. En este caso, la sanción se basó en pagos irregulares de LATAM por US$1,15 millones entre 2006 y 2007, a un consultor externo para poner fin a disputas sindicales en el aeropuerto de Buenos Aires.
LATAM también firmó un DPA para para diferir los cargos con el Departamento de Justicia por tres años, consintiendo en: 1) pagar una multa penal, 2) continuar cooperando con la investigación del Departamento de Justicia, 3) robustecer su programa de cumplimiento, y 4) acogerse a un monitoreo corporativo independiente por un plazo de al menos 27 meses. Más aún, la sanción a LATAM tuvo la nefasta distinción de ser la única sanción corporativa por FCPA en 2016 que no tuvo ninguna rebaja al rango de sanciones aplicables, por considerarse que la empresa no tomó acciones disciplinarias en contra del ejecutivo responsable de dicha conducta.
Antes de que se anunciaran las sanciones en contra de LATAM, en febrero del año pasado, la SEC anunció una multa de US$75 mil en contra de Ignacio Cueto Plaza, el CEO de LAN Airlines (subsidiaria de LATAM), por haber autorizado los pagos en Argentina, convirtiéndose así en el primer ciudadano chileno sancionado por infringir la FCPA. Este antecedente permite pensar que el Departamento de Justicia y/o la SEC también podrían sancionar a Patricio Contesse, el ex gerente general de SQM, quien habría autorizado los pagos irregulares a los políticos, partidos políticos y funcionarios públicos chilenos.
En ambos casos, las autoridades chilenas brillan por su ausencia (por lo menos públicamente). En los comunicados de prensa y en las resoluciones de las autoridades norteamericanas, generalmente se agradece y reconoce públicamente la cooperación de las distintas autoridades internacionales, y en algunos casos no solo se les reconoce y agradece, sino que se reparten las sanciones entre los países de acuerdo a fórmulas negociadas, y en base al trabajo realizado por las partes.
En el caso de LATAM y SQM, las respectivas sanciones de US$22 millones y US$30 millones, fueron a parar exclusivamente a las arcas fiscales estadounidenses. A Chile no le correspondió ningún porcentaje, y pareciera que ni se sentaron en la mesa a cooperar, investigar y negociar con sus pares norteamericanos. ¿No sería importante que las autoridades chilenas puedan intercambiar información, cooperar y resolver estos casos conjuntamente con las de Estados Unidos, por lo menos en las investigaciones por infracciones de la ley FCPA que involucren a empresas chilenas y/o pagos corruptos en Chile?
En vista de la evolución internacional de estos casos, es imprescindible que el Ministerio Público y la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) de Chile envíen una delegación a Washington DC, o a algún otro foro internacional, para discutir y negociar con sus pares del Departamento de Justicia y la SEC, especialmente cuando existan casos que tengan alguna conexión nacional. Chile se está quedando atrás en este sentido, y debiera emular el liderazgo regional que ha mostrado Brasil para resolver sus casos de corrupción.
EL LIDERAZGO BRASILEÑO
Brasil, en este contexto, ha realizado una excelente labor en cuanto a su cooperación internacional, en particular con los Estados Unidos. Producto de ello, van a recuperar gran parte del dinero obtenido por las sanciones dictadas en contra de empresas brasileras por cohecho, lo que ha quedado demostrado con los casos de Embraer y Odebrecht/Braskem (adelantándose quizás a las sanciones que podría enfrentar Petrobras en los Estados Unidos, donde la empresa estatal transa ADRs).
En el caso Odebrecht/Braskem, el foco principal del Departamento de Justicia (y el foco exclusivo de la SEC) se centró en la conducta de estas empresas en Brasil, donde se hicieron pagos corruptos por US$349 millones a políticos, partidos políticos y funcionarios públicos brasileros, incluyendo a Petrobras. Pero el Departamento de Justicia también tomó en consideración pagos corruptos por US$439 millones hechos por Odebrecht a funcionarios públicos en otros once países, involucrando una centena de proyectos a través de los cuales Odebrecht se benefició en más de US$1,4 mil millones.
En este caso se configuraron una variedad de nexos jurisdiccionales con los Estados Unidos y Suiza, por lo que las autoridades de las tres jurisdicciones trabajaron conjuntamente para identificar, investigar y finalmente imponer sanciones a Odebrecht (US$2,6 mil millones) y Braskem (US$957 millones), por un total de US$3,5 mil millones. De estos montos, Brasil se llevará la mayor parte con US$2,8 mil millones (70% de las sanciones penales y 80% de las sanciones civiles), Estados Unidos se llevará US$420 millones (10-15% de las sanciones penales y 20% de las sanciones civiles) y Suiza US$355 millones (10-15% de las sanciones penales).
En el caso de Embraer, la empresa acordó pagar US$107,3 millones al Departamento de Justicia y US$98,2 millones a la SEC como monto de restitución de beneficios e intereses. Sin embargo, la SEC aceptó rebajar US$20 millones a su sanción, puesto que Embraer acordó pagar ese monto a las autoridades brasileras. En este caso hubo una gran cooperación internacional entre el Departamento de Justicia, la SEC y el FBI, y las autoridades de Brasil (donde se iniciaron procesos penales en contra de 11 individuos), Francia, España, República Dominicana, Sudáfrica, Suiza y Uruguay.
Otro elemento a destacar es el hecho de que las autoridades brasileras (y otras autoridades extranjeras) pareciera que han consentido en la fórmula establecida por los Estados Unidos para fijar sanciones, consolidando quizás un estándar internacional. Esto podría generar un efecto secundario: incrementar el monto de las sanciones aplicables a empresas infractoras, particularmente porque en los Estados Unidos las sanciones han sido tradicionalmente más onerosas que en jurisdicciones extranjeras. A saber, las sanciones por infracciones de FCPA sumaron más de US$6 mil millones en 2016, pero gracias a la creciente cooperación internacional solo un tercio de este monto (US$2,48 mil millones) entrará a la Tesorería de los Estados Unidos. El resto entrará a las arcas fiscales de Brasil (US$2,8 mil millones), Holanda (US$397,7 millones) y Suiza (US$354,9 millones).
COOPERACIÓN INTERNACIONAL
Las autoridades norteamericanas han liderado la lucha contra la corrupción internacional, y para ello han adoptado una interpretación expansiva de su jurisdicción para perseguir infracciones de FCPA. Está claro que todos los emisores de valores en los Estados Unidos deben sujetarse a dichas normas (SQM y LATAM son dos de las doce empresas chilenas que emiten ADRs en los Estados Unidos). Pero es importante resaltar que también se han aplicado sanciones a individuos y a empresas extranjeras no emisoras sobre la base de contactos de minimis con los Estados Unidos. Por ejemplo, es suficiente “la realización de una llamada telefónica o el envío de un correo electrónico, mensaje de texto o fax desde, hacia o a través de los Estados Unidos (…) una transferencia bancaria desde o hacia un banco de los Estados Unidos u otro uso del sistema bancario estadounidense, o un viaje por las fronteras estatales o internacionales desde o hacia los Estados Unidos.” Un individuo o una empresa extranjera también puede ser responsables si ayuda o instiga, conspira o actúa como agente de un emisor, o de una persona o una empresa de los Estados Unidos, independientemente de si el propio extranjero o la propia empresa ejecuta alguna acción en los Estados Unidos.
Por lo tanto, es un error pensar que solo las empresas extranjeras que emiten ADRs en los Estados Unidos están sujetas a la normativa FCPA. Más bien, todas las empresas extranjeras, y sus directorios respectivos, debieran estar notificadas sobre la posibilidad de que cualquier acto de corrupción a funcionarios públicos puede tener una fiscalización por parte del Departamento de Justicia de ese país si éste logra encontrar algún vínculo con los Estados Unidos, por muy mínimo que sea.
Esto se agrega al hecho de que ninguna empresa, y muy pocos individuos, están dispuestos a enfrentarse en un litigio con el gobierno de los Estados Unidos (donde se podrían alegar los alcances de jurisdicción). La base de datos de la Universidad de Stanford sobre casos de FCPA lo confirma: el Departamento de Justicia cuenta con 296 casos por infracciones de la ley FCPA, de los cuales 75,58% han llegado a acuerdo. La SEC cuenta con 201 casos, de los cuales 91,27% han llegado a acuerdo. Infracciones por FCPA han generado sanciones por casi US$10 mil millones para la Tesorería de los Estados Unidos, en casos que involucran aproximadamente US$4,2 mil millones en cohechos.
Estos datos contrastan con la eficiencia en la lucha contra la corrupción de otras autoridades internacionales que, en general, no gozan del mismo poder y recursos de sus pares norteamericanos. De hecho, en los últimos años el Departamento de Justicia, la SEC y el FBI han aumentado el número de fiscales, abogados, investigadores y agentes con dedicación exclusiva a la fiscalización de la ley FCPA. Este es un incentivo para que las autoridades extranjeras, incluyendo Chile, puedan cooperar y coordinar sus investigaciones con los Estados Unidos, con miras a fortalecer su propia fiscalización a sus casos de corrupción. Esta cooperación ha resultado exitosa no tan solo para Brasil, sino que para muchos otros países como Gran Bretaña, Alemania, Holanda y Suiza.
La cooperación internacional beneficia a todos. A Estados Unidos le permite cerrar más casos en su lucha contra la corrupción, independiente de si las multas entran a sus arcas fiscales o en la de sus socios internacionales. A los demás les sirve para aumentar su propia capacidad fiscalizadora y, en el proceso, les permite recuperar una porción importante de las sanciones aplicables (que pueden ser de una gran cuantía).
Con estos antecedentes, se demuestra una vez más que, para bien o para mal, las miras del Departamento de Justicia y la SEC no tienen fronteras. Pero preocupa aún más la inacción o falta de participación internacional de Chile, reflejado en su ausencia en las sanciones norteamericanas a LATAM y SQM.
Es de esperar que esta inacción de Chile no suceda por tercera vez. Para evitar este escenario, se puede discutir si las autoridades chilenas cuentan con los recursos y/o las herramientas legales suficientes para fiscalizar sus propias normas de corrupción (quizás necesitando adaptar la figura del DPA). Como sea, es imprescindible que Chile aumente su colaboración con sus pares internacionales, donde más que recursos, se requiere de iniciativa y liderazgo.
* Evan Epstein es director ejecutivo del Rock Center de Gobierno Corporativo de la Universidad de Stanford, dependiente de las escuelas de Leyes y de Negocios de esa universidad.
Soquimich fue sancionada en EE.UU. por pagos indebidos a políticos en Chile (US$15 millones). El director del Centro de Gobierno Corporativo de la U. de Stanford, Evan Epstein, explica por qué SQM fue castigada allá y analiza la ausencia de las autoridades chilenas en dichos procesos. Para Epstein, este caso y las sanciones a LATAM reflejan la debilidad de nuestro sistema público, en contraposición al estadounidense, con el cual ninguna empresa quiere enfrentarse. Y muestra la exitosa colaboración de Brasil y los beneficios de sumarse a la cooperación internacional en el combate contra la corrupción.
El 13 de enero de 2017 el Departamento de Justicia y la Comisión de Valores (SEC) de los Estados Unidos anunciaron sanciones en contra de la empresa Sociedad Química y Minera de Chile S.A. (SQM) por infringir la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA), una norma estadounidense que sanciona delitos de cohecho e infracciones contables.
Autoridades estadounidenses determinaron que SQM infringió las disposiciones contables de la ley FCPA, en base a los pagos irregulares por US$15 millones entre los años 2008 a 2015 a políticos, partidos políticos y funcionarios públicos chilenos. La empresa fue multada por un total de US$30 millones y llegó a un acuerdo con el Departamento de Justicia para diferir los cargos por tres años (acuerdo conocido como Deferred Prosecution Agreement o DPA) mediante el cual SQM consintió en: 1) pagar la referida multa penal, 2) continuar cooperando con la investigación del Departamento de Justicia, 3) robustecer su programa de cumplimiento, y 4) acogerse a un monitor corporativo independiente por un plazo de dos años, con un tercer año de auto-monitoreo.
¿Cómo es posible que solo sean las autoridades norteamericanas las que sancionen a una empresa chilena, en un caso de cohecho completamente doméstico, por pagos irregulares hechos en Chile, a políticos, partidos políticos y funcionarios públicos chilenos?
Más aún, ¿dónde están las autoridades chilenas y por qué no han reaccionado frente a esta sanción? Si bien es cierto que a nivel nacional existen procesos judiciales y querellas que siguen su conducto regular, a nivel internacional el escenario es diferente. Era factible pronosticar una sanción de la justicia norteamericana puesto que SQM emite ADRs en la bolsa de valores de Nueva York y, por lo tanto, se configura un vínculo de jurisdicción para sancionar infracciones de FCPA, que como se dijo, sanciona las prácticas corruptas cometidas en el extranjero.
Este es el segundo caso en que las autoridades estadounidenses sancionan a una empresa chilena en menos de un año. En julio de 2016, el Departamento de Justicia y la SEC anunciaron sanciones por más de US$22 millones en contra de LATAM Airlines Group S.A. (LATAM) para resolver sus infracciones a la ley FCPA por no prevenir o detectar pagos indebidos en sus libros y registros, y en sus sistemas de controles de contabilidad interna. En este caso, la sanción se basó en pagos irregulares de LATAM por US$1,15 millones entre 2006 y 2007, a un consultor externo para poner fin a disputas sindicales en el aeropuerto de Buenos Aires.
LATAM también firmó un DPA para para diferir los cargos con el Departamento de Justicia por tres años, consintiendo en: 1) pagar una multa penal, 2) continuar cooperando con la investigación del Departamento de Justicia, 3) robustecer su programa de cumplimiento, y 4) acogerse a un monitoreo corporativo independiente por un plazo de al menos 27 meses. Más aún, la sanción a LATAM tuvo la nefasta distinción de ser la única sanción corporativa por FCPA en 2016 que no tuvo ninguna rebaja al rango de sanciones aplicables, por considerarse que la empresa no tomó acciones disciplinarias en contra del ejecutivo responsable de dicha conducta.
Antes de que se anunciaran las sanciones en contra de LATAM, en febrero del año pasado, la SEC anunció una multa de US$75 mil en contra de Ignacio Cueto Plaza, el CEO de LAN Airlines (subsidiaria de LATAM), por haber autorizado los pagos en Argentina, convirtiéndose así en el primer ciudadano chileno sancionado por infringir la FCPA. Este antecedente permite pensar que el Departamento de Justicia y/o la SEC también podrían sancionar a Patricio Contesse, el ex gerente general de SQM, quien habría autorizado los pagos irregulares a los políticos, partidos políticos y funcionarios públicos chilenos.
En ambos casos, las autoridades chilenas brillan por su ausencia (por lo menos públicamente). En los comunicados de prensa y en las resoluciones de las autoridades norteamericanas, generalmente se agradece y reconoce públicamente la cooperación de las distintas autoridades internacionales, y en algunos casos no solo se les reconoce y agradece, sino que se reparten las sanciones entre los países de acuerdo a fórmulas negociadas, y en base al trabajo realizado por las partes.
En el caso de LATAM y SQM, las respectivas sanciones de US$22 millones y US$30 millones, fueron a parar exclusivamente a las arcas fiscales estadounidenses. A Chile no le correspondió ningún porcentaje, y pareciera que ni se sentaron en la mesa a cooperar, investigar y negociar con sus pares norteamericanos. ¿No sería importante que las autoridades chilenas puedan intercambiar información, cooperar y resolver estos casos conjuntamente con las de Estados Unidos, por lo menos en las investigaciones por infracciones de la ley FCPA que involucren a empresas chilenas y/o pagos corruptos en Chile?
En vista de la evolución internacional de estos casos, es imprescindible que el Ministerio Público y la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) de Chile envíen una delegación a Washington DC, o a algún otro foro internacional, para discutir y negociar con sus pares del Departamento de Justicia y la SEC, especialmente cuando existan casos que tengan alguna conexión nacional. Chile se está quedando atrás en este sentido, y debiera emular el liderazgo regional que ha mostrado Brasil para resolver sus casos de corrupción.
EL LIDERAZGO BRASILEÑO
Brasil, en este contexto, ha realizado una excelente labor en cuanto a su cooperación internacional, en particular con los Estados Unidos. Producto de ello, van a recuperar gran parte del dinero obtenido por las sanciones dictadas en contra de empresas brasileras por cohecho, lo que ha quedado demostrado con los casos de Embraer y Odebrecht/Braskem (adelantándose quizás a las sanciones que podría enfrentar Petrobras en los Estados Unidos, donde la empresa estatal transa ADRs).
En el caso Odebrecht/Braskem, el foco principal del Departamento de Justicia (y el foco exclusivo de la SEC) se centró en la conducta de estas empresas en Brasil, donde se hicieron pagos corruptos por US$349 millones a políticos, partidos políticos y funcionarios públicos brasileros, incluyendo a Petrobras. Pero el Departamento de Justicia también tomó en consideración pagos corruptos por US$439 millones hechos por Odebrecht a funcionarios públicos en otros once países, involucrando una centena de proyectos a través de los cuales Odebrecht se benefició en más de US$1,4 mil millones.
En este caso se configuraron una variedad de nexos jurisdiccionales con los Estados Unidos y Suiza, por lo que las autoridades de las tres jurisdicciones trabajaron conjuntamente para identificar, investigar y finalmente imponer sanciones a Odebrecht (US$2,6 mil millones) y Braskem (US$957 millones), por un total de US$3,5 mil millones. De estos montos, Brasil se llevará la mayor parte con US$2,8 mil millones (70% de las sanciones penales y 80% de las sanciones civiles), Estados Unidos se llevará US$420 millones (10-15% de las sanciones penales y 20% de las sanciones civiles) y Suiza US$355 millones (10-15% de las sanciones penales).
En el caso de Embraer, la empresa acordó pagar US$107,3 millones al Departamento de Justicia y US$98,2 millones a la SEC como monto de restitución de beneficios e intereses. Sin embargo, la SEC aceptó rebajar US$20 millones a su sanción, puesto que Embraer acordó pagar ese monto a las autoridades brasileras. En este caso hubo una gran cooperación internacional entre el Departamento de Justicia, la SEC y el FBI, y las autoridades de Brasil (donde se iniciaron procesos penales en contra de 11 individuos), Francia, España, República Dominicana, Sudáfrica, Suiza y Uruguay.
Otro elemento a destacar es el hecho de que las autoridades brasileras (y otras autoridades extranjeras) pareciera que han consentido en la fórmula establecida por los Estados Unidos para fijar sanciones, consolidando quizás un estándar internacional. Esto podría generar un efecto secundario: incrementar el monto de las sanciones aplicables a empresas infractoras, particularmente porque en los Estados Unidos las sanciones han sido tradicionalmente más onerosas que en jurisdicciones extranjeras. A saber, las sanciones por infracciones de FCPA sumaron más de US$6 mil millones en 2016, pero gracias a la creciente cooperación internacional solo un tercio de este monto (US$2,48 mil millones) entrará a la Tesorería de los Estados Unidos. El resto entrará a las arcas fiscales de Brasil (US$2,8 mil millones), Holanda (US$397,7 millones) y Suiza (US$354,9 millones).
COOPERACIÓN INTERNACIONAL
Las autoridades norteamericanas han liderado la lucha contra la corrupción internacional, y para ello han adoptado una interpretación expansiva de su jurisdicción para perseguir infracciones de FCPA. Está claro que todos los emisores de valores en los Estados Unidos deben sujetarse a dichas normas (SQM y LATAM son dos de las doce empresas chilenas que emiten ADRs en los Estados Unidos). Pero es importante resaltar que también se han aplicado sanciones a individuos y a empresas extranjeras no emisoras sobre la base de contactos de minimis con los Estados Unidos. Por ejemplo, es suficiente “la realización de una llamada telefónica o el envío de un correo electrónico, mensaje de texto o fax desde, hacia o a través de los Estados Unidos (…) una transferencia bancaria desde o hacia un banco de los Estados Unidos u otro uso del sistema bancario estadounidense, o un viaje por las fronteras estatales o internacionales desde o hacia los Estados Unidos.” Un individuo o una empresa extranjera también puede ser responsables si ayuda o instiga, conspira o actúa como agente de un emisor, o de una persona o una empresa de los Estados Unidos, independientemente de si el propio extranjero o la propia empresa ejecuta alguna acción en los Estados Unidos.
Por lo tanto, es un error pensar que solo las empresas extranjeras que emiten ADRs en los Estados Unidos están sujetas a la normativa FCPA. Más bien, todas las empresas extranjeras, y sus directorios respectivos, debieran estar notificadas sobre la posibilidad de que cualquier acto de corrupción a funcionarios públicos puede tener una fiscalización por parte del Departamento de Justicia de ese país si éste logra encontrar algún vínculo con los Estados Unidos, por muy mínimo que sea.
Esto se agrega al hecho de que ninguna empresa, y muy pocos individuos, están dispuestos a enfrentarse en un litigio con el gobierno de los Estados Unidos (donde se podrían alegar los alcances de jurisdicción). La base de datos de la Universidad de Stanford sobre casos de FCPA lo confirma: el Departamento de Justicia cuenta con 296 casos por infracciones de la ley FCPA, de los cuales 75,58% han llegado a acuerdo. La SEC cuenta con 201 casos, de los cuales 91,27% han llegado a acuerdo. Infracciones por FCPA han generado sanciones por casi US$10 mil millones para la Tesorería de los Estados Unidos, en casos que involucran aproximadamente US$4,2 mil millones en cohechos.
Estos datos contrastan con la eficiencia en la lucha contra la corrupción de otras autoridades internacionales que, en general, no gozan del mismo poder y recursos de sus pares norteamericanos. De hecho, en los últimos años el Departamento de Justicia, la SEC y el FBI han aumentado el número de fiscales, abogados, investigadores y agentes con dedicación exclusiva a la fiscalización de la ley FCPA. Este es un incentivo para que las autoridades extranjeras, incluyendo Chile, puedan cooperar y coordinar sus investigaciones con los Estados Unidos, con miras a fortalecer su propia fiscalización a sus casos de corrupción. Esta cooperación ha resultado exitosa no tan solo para Brasil, sino que para muchos otros países como Gran Bretaña, Alemania, Holanda y Suiza.
La cooperación internacional beneficia a todos. A Estados Unidos le permite cerrar más casos en su lucha contra la corrupción, independiente de si las multas entran a sus arcas fiscales o en la de sus socios internacionales. A los demás les sirve para aumentar su propia capacidad fiscalizadora y, en el proceso, les permite recuperar una porción importante de las sanciones aplicables (que pueden ser de una gran cuantía).
Con estos antecedentes, se demuestra una vez más que, para bien o para mal, las miras del Departamento de Justicia y la SEC no tienen fronteras. Pero preocupa aún más la inacción o falta de participación internacional de Chile, reflejado en su ausencia en las sanciones norteamericanas a LATAM y SQM.
Es de esperar que esta inacción de Chile no suceda por tercera vez. Para evitar este escenario, se puede discutir si las autoridades chilenas cuentan con los recursos y/o las herramientas legales suficientes para fiscalizar sus propias normas de corrupción (quizás necesitando adaptar la figura del DPA). Como sea, es imprescindible que Chile aumente su colaboración con sus pares internacionales, donde más que recursos, se requiere de iniciativa y liderazgo.
* Evan Epstein es director ejecutivo del Rock Center de Gobierno Corporativo de la Universidad de Stanford, dependiente de las escuelas de Leyes y de Negocios de esa universidad.
jueves, 19 de abril de 2018
El senador Bernie Sanders se lanza contra Walmart por los bajos salarios que paga la empresa.
A través de un video viral, el senador demócrata norteamericano se fue con todo contra la empresa multinacional Walmart -presente en Chile a través de supermercados Lider- por los bajos salarios que le paga a sus trabajadores, manteniendo a un importante grupo en la pobreza y con programas de asistencia estatal.
“La familia Walton de Walmart tiene más de $ 160 mil millones, pero los trabajadores de Walmart de bajos salarios están luchando por sobrevivir. ¿Crees que los Walton tienen suficiente dinero para pagarles a sus trabajadores un salario digno?” sostuvo el congresista.
En el registro, se comienza señalando que la familia Walton tiene más riqueza que la acumulada por el 40 por ciento de los norteamericanos de menores ingresos.
Al mismo tiempo se señala que a pesar de su fortuna han despedido a más de 10 mil personas solo este año y que un trabajador promedio que gana 11 dólares la hora, tiene un ingreso de 19.448 dólares al año, muy por debajo de la renta promedio en el país de Trump.
Para comparar, el video señala que la familia Walton aumento su fortuna en 43 mil millones en el periodo comprendido entre marzo de 2017 y marzo de 2018.
Más adelanta se señala en el registro que los bajos sueldos hacen que los trabajadores tengan que depender de la asistencia estatal, costando más de 6 mil millones de dólares a los contribuyentes.
Como si esto fuera poco, agregan que los insumos baratos que Walmart compra en China, significan 400 mil empleos menos en Estados Unidos.
Luego se enumera una serie de irregularidades por las que ha sido denunciada la empresa, entre ellas discriminación y trabajo infantil.
A través de un video viral, el senador demócrata norteamericano se fue con todo contra la empresa multinacional Walmart -presente en Chile a través de supermercados Lider- por los bajos salarios que le paga a sus trabajadores, manteniendo a un importante grupo en la pobreza y con programas de asistencia estatal.
“La familia Walton de Walmart tiene más de $ 160 mil millones, pero los trabajadores de Walmart de bajos salarios están luchando por sobrevivir. ¿Crees que los Walton tienen suficiente dinero para pagarles a sus trabajadores un salario digno?” sostuvo el congresista.
En el registro, se comienza señalando que la familia Walton tiene más riqueza que la acumulada por el 40 por ciento de los norteamericanos de menores ingresos.
Al mismo tiempo se señala que a pesar de su fortuna han despedido a más de 10 mil personas solo este año y que un trabajador promedio que gana 11 dólares la hora, tiene un ingreso de 19.448 dólares al año, muy por debajo de la renta promedio en el país de Trump.
Para comparar, el video señala que la familia Walton aumento su fortuna en 43 mil millones en el periodo comprendido entre marzo de 2017 y marzo de 2018.
Más adelanta se señala en el registro que los bajos sueldos hacen que los trabajadores tengan que depender de la asistencia estatal, costando más de 6 mil millones de dólares a los contribuyentes.
Como si esto fuera poco, agregan que los insumos baratos que Walmart compra en China, significan 400 mil empleos menos en Estados Unidos.
Luego se enumera una serie de irregularidades por las que ha sido denunciada la empresa, entre ellas discriminación y trabajo infantil.
Acuerdo Corfo-SQM por el litio
El recurso de protección presentado a la Corte de Apelaciones argumenta que CORFO llegó a un acuerdo con SQM para que siga operando en la zona omitiendo, en primer lugar, el derecho a consulta indígena de las comunidades atacameñas, además de avalar los graves incumplimientos ambientales de SQM.
Un recurso de protección en la Corte de Apelaciones presentó el Consejo de Pueblos Atacameños impugnando el acuerdo suscrito en enero entre CORFO y SQM, en el que el organismo estatal renovó a la minera no metálica la cuota de explotación de litio hasta el año 2030, lo que le permite seguir operando en la zona.
La acción legal tiene como finalidad solicitar que se respete el derecho a consulta indígena y que se tomen medidas concretas para la sustentabilidad de la cuenca del Salar de Atacama, donde habitan las comunidades y que hoy, por incumplimientos ambientales de las empresas que explotan el mineral en el área, se encuentra en un nivel crítico desde el punto de vista ambiental.
Según el libelo ingresado en la justicia el 15 de febrero de 2017 (Rol 10.301-2018), se considera absolutamente contradictorio que el Estado acuerde renovarle la concesión a una empresa infractora ambientalmente (SQM) y confesa de tales incumplimientos y que, además, ha defraudado al fisco de múltiples maneras. Esto sin mencionar la trama del financiamiento ilegal de campañas.
En lo específico, el recurso de protección se basa en que CORFO autorice a SQM a seguir explotando el litio que proviene directamente de los recursos hídricos que son el principal sustento para la subsistencia de la cultura atacameña, sin ninguna garantía ambiental para las comunidades que viven en este territorio. Por ello se considera que el acuerdo suscrito en enero de este año es inconstitucional, vulnera el derecho a consulta indígena de las comunidades atacameñas -pues se interviene una vez más el territorio- y el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación del pueblo atacameño.
El recurso de protección presentado a la Corte de Apelaciones argumenta que CORFO llegó a un acuerdo con SQM para que siga operando en la zona omitiendo, en primer lugar, el derecho a consulta indígena de las comunidades atacameñas, además de avalar los graves incumplimientos ambientales de SQM.
Un recurso de protección en la Corte de Apelaciones presentó el Consejo de Pueblos Atacameños impugnando el acuerdo suscrito en enero entre CORFO y SQM, en el que el organismo estatal renovó a la minera no metálica la cuota de explotación de litio hasta el año 2030, lo que le permite seguir operando en la zona.
La acción legal tiene como finalidad solicitar que se respete el derecho a consulta indígena y que se tomen medidas concretas para la sustentabilidad de la cuenca del Salar de Atacama, donde habitan las comunidades y que hoy, por incumplimientos ambientales de las empresas que explotan el mineral en el área, se encuentra en un nivel crítico desde el punto de vista ambiental.
Según el libelo ingresado en la justicia el 15 de febrero de 2017 (Rol 10.301-2018), se considera absolutamente contradictorio que el Estado acuerde renovarle la concesión a una empresa infractora ambientalmente (SQM) y confesa de tales incumplimientos y que, además, ha defraudado al fisco de múltiples maneras. Esto sin mencionar la trama del financiamiento ilegal de campañas.
En lo específico, el recurso de protección se basa en que CORFO autorice a SQM a seguir explotando el litio que proviene directamente de los recursos hídricos que son el principal sustento para la subsistencia de la cultura atacameña, sin ninguna garantía ambiental para las comunidades que viven en este territorio. Por ello se considera que el acuerdo suscrito en enero de este año es inconstitucional, vulnera el derecho a consulta indígena de las comunidades atacameñas -pues se interviene una vez más el territorio- y el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación del pueblo atacameño.
La nueva ley educativa aprobada por el Gobierno francés ha sublevado a miles de universitarios, que se han encerrado en decenas de centros del país, el último de ellos el prestigioso centro “Sciences Po” de París.
“Macron tu escuela está bloqueada”, anuncia una pancarta colgada de una de las ventanas de “Sciences Po”, el centro situado en pleno corazón de París donde hace años estudió el mandatario y que desde hoy se sumó a las ocupaciones que afectan a una quincena de centros universitarios, el 21 % de los 70 del país.
“Aplicaremos lo aprendido en esta facultad de políticas pero no en los despachos, sino en la calle”, aseguró hoy a Efe Paul, un estudiante de 26 años opuesto a la “selección” que impone la nueva ley de acceso a la universidad, adoptada en febrero.
La aprobación de la ley ORE (Orientación y éxito de los estudiantes) ha generado un nuevo frente de oposición a Macron, quien, en casi un año en el Gobierno, ya se enfrenta a funcionarios públicos y empleados del sector ferroviario, entre otros.
Este nuevo sistema diseñado para hacer frente al aumento de inscripciones, superior al número de plazas disponibles, no agrada a muchos universitarios.
Hasta ahora, cuando había más demanda que oferta, la selección se hacía por sorteo, mientras que en adelante se basará en un expediente preparado por cada alumno.
Algunos estudiantes críticos a la ley aseguran que no habrá recursos humanos suficientes para analizar todas las candidaturas y alertaron que la selección por expediente atenta contra la igualdad de oportunidades.
“Nos oponemos a la idea de meritocracia”, explicó hoy a Efe Jules, un universitario de 23 años que participa en la ocupación de Tolbiac, un edificio de 22 pisos ubicado en el sur de París y dependiente de la Sorbona que se ha convertido en el símbolo de la lucha contra la ORE.
Entre los muros del edificio, revestidos de grafitis reivindicativos, estudiantes y profesores imparten cursos alternativos, acogen a los curiosos y descansan en el “Amphi dodo”, un aula magna transformada en dormitorio.
Una situación que enerva al presidente de la Universidad París 1 Sorbona, Georges Haddad, quien afirmó esta semana que “la violencia, la droga y el sexo” son frecuentes en este centro y ha solicitado la intervención de la policía, que de momento no ha actuado en Tolbiac.
Otros presidentes de universidades como Poitiers o Rennes 2 instaron hoy al Gobierno francés a “abrir rápidamente las negociaciones” con las diferentes partes, en una tribuna publicada en la revista “L’Etudiant”.
La Universidad de Nanterre (noroeste de París), donde nació la revolución de Mayo del 68 hace 50 años, aplazó los exámenes parciales previstos esta semana, después de que la policía evacuase violentamente a algunos estudiantes el 9 de abril.
En Burdeos (suroeste), los exámenes se realizarán fuera de la Universidad, para evitar incidentes.
Esa situación frustra a algunos estudiantes como a los miembros de “Sciences Po En Marche” -grupo pro Macron- que hoy criticaron el bloqueo entre los abucheos de algunos de sus compañeros, aunque dijeron estar “a favor del debate si es constructivo”.
Otros jóvenes opuestos a las protestas declararon a medios franceses que se sienten como en una “toma de rehenes”.
“Es una aberración hablar de toma de rehenes. No poder hacer unos exámenes no es como si alguien te apuntase con un Kaláshnikov”, afirmó a Efe Théo, un joven profesor de filosofía en Tolbiac miembro del sindicato “SUD Éducation”, que propone posponer los exámenes o poner la misma nota a todos los alumnos.
Théo, de 28 años y natural de Borgoña, se muestra reticente a comparar el movimiento de 1968 con el actual, “aunque ambos comparten el mismo romanticismo”, reconoció junto a una pintada que reza “Fuck May 68” (“A la mierda mayo del 68”).
Las ocupaciones continúan en Rennes (noroeste), Estrasburgo (noreste) o Toulouse (sur), mientras que en Montpellier (sur), pionera de estas protestas, un tribunal decidió que los estudiantes deben “desalojar el lugar sin demora”.
El ministro francés de Interior, Gérard Collomb, prometió hoy que el “Estado de derecho” será restablecido “en todas partes” y “en particular en las facultades”, históricamente consideradas un lugar infranqueable para las fuerzas del orden.
Esta ola de protestas se sumó a las sucesivas huelgas de la empresa pública de ferrocarriles SNCF y a las de la aerolínea Air France, que desde hace semanas generan graves transtornos en todo el país.
Los millones de dólares que las universidades Andrés Bello, de Las Américas y de Viña del Mar le pagan a su controladora Laureate en el extranjero por “servicios innecesarios”, merman su calidad y salud financiera y son prueba del lucro indebido. Por esos desvíos de dinero no se pagan impuestos.
Así lo reveló una investigación del Mineduc que detalla los perjuicios que ese lucro provoca. Uno de ellos: la crítica situación de la UVM cuya deuda supera cinco veces su patrimonio. CIPER revela los millonarios contratos a políticos de izquierda y derecha. Un escudo para la supervivencia de ese modelo.
Las 353 páginas que contienen las conclusiones de la investigación sobre el lucro indebido obtenido por el Grupo Laureate, a través de las tres universidades que controla en Chile, y que fue ordenada por el Ministerio de Educación (Mineduc), contienen cifras por compra y venta de servicios, fórmulas contables, reportes financieros, declaraciones de ex autoridades de los planteles y tasaciones inmobiliarias. Están escritos en un lenguaje de auditores y abogados, pero si se despeja la niebla de los tecnicismos, aparecen los datos duros relevantes.
Que la situación económica de la Universidad de Viña del Mar es crítica. Tan crítica, que sus deudas superan en más de cinco veces su patrimonio. Que entre los años 2012 a 2016 las tres universidades del Grupo Laureate traspasaron a sus sociedades relacionadas más de $219 mil millones, lo que afectó la salud financiera de los planteles. Que los pagos a relacionados representan más del 20% de los gastos ejecutados por la Universidad de Las Américas. Y lo más grave: que los servicios que dice prestar Laureate a cambio de multimillonarios pagos, no están justificados.
En los informes también hay testimonios de ex decanos que acusan a Laureate de haber arruinado el proyecto educativo de la Universidad Andrés Bello. Y están también los testimonios de alumnos de esas tres universidades que reclaman porque ellas no han cumplido con lo que prometen en sus contratos. En este acápite, las acusaciones de los alumnos se ven reforzadas por información entregada al Mineduc por el Servicio Nacional del Consumidor (Sernac). Su informe cifra en 890 los reclamos recibidos en contra de la Universidad de Las Américas entre 2012 y 2016 por incumplimiento de contrato, servicio defectuoso y publicidad engañosa, entre otros ítems.
CIPER accedió y revisó en detalle los informes de la investigación realizada a las tres casas de estudio de Laureate. La argumentación del Mineduc es contundente para acusar que las tres universidades del grupo en Chile cometieron “grave infracción por lucro”, al traspasar millonarios recursos a su controlador.
CIPER pudo, además, revisar la contabilidad de esas tres universidades y examinar con lupa los sueldos que se pagan a sus directores y rectores, varios de los cuales provienen del mundo político. Hay ex jefes del Mineduc, ex superintendentes de AFP, ideólogos comunicacionales de la dictadura y altos dirigentes políticos de los gobiernos de la Concertación. Varios de ellos obtienen más de $100 millones anuales por prestar su nombre para sumar influencia a los asientos de los directorios del Grupo Laureate. Pilar Armanet, rectora de la Universidad de Las Américas hasta marzo de este año, no es un caso aislado.
En un reportaje anterior, CIPER ya dio a conocer las conclusiones de la investigación del Mineduc. Allí se acusa a las tres universidades del Grupo Laureate de servir como vehículos para traspasar ganancias a su controlador, a través de contratos por venta de servicios y por utilización de la propiedad intelectual (vea aquí reportaje de CIPER).
El martes 3 de abril el subsecretario de Educación, Raúl Figueroa, aseguró en la Cámara de Diputados que las tres universidades habían sido notificadas de la decisión del Mineduc, quien les exigió que finiquitaran dos de los contratos que mantienen con Laureate.
Ahora CIPER revela el contenido de los informes completos del Mineduc sobre el funcionamiento de las universidades Andrés Bello, de Las Américas y de Viña del Mar.
EL “PLAN ECONÓMICO” DE LA ANDRÉS BELLO
Los informes del Mineduc sobre las universidades Andrés Bello y de Las Américas son los más extensos. Incluyen testimonios de académicos y de alumnos, quienes reclaman por las políticas impuestas por Laureate en los planteles.
La declaración que prestó ante el Mineduc el ex decano de la Facultad de Derecho de la UNAB, Alfredo Ugarte, es clave. El abogado formó parte de la UNAB entre 1999 y 2014. Su experiencia durante esos 15 años la relató a la abogada instructora del Ministerio de Educación el 25 de mayo de 2017, cuando afirmó que el proyecto de la Universidad Andrés Bello creció hasta la llegada de Laureate:
“Se cambiaron todos los parámetros, se cortaron gastos de inversiones en materia académica y de investigación, y se empezó a exigir a los decanatos el cumplimiento de un plan económico y rendimiento de Ebitda (beneficio bruto del negocio antes de gastos financieros), siendo calificados dichos académicos que ejercían el decanato, no por su calidad técnica, publicaciones o investigaciones, sino que por el cumplimiento de la Ebitda. Fue un cambio radical de administración. El proyecto dejó de ser académico y se empezó a privilegiar lo económico”.
Ugarte relató que para fiscalizar el cumplimiento de las metas impuestas a cada facultad, Laureate instaló coordinadores económicos, a cargo del vicerrector de Finanzas de la universidad. Y agregó: “Los directivos y vicerrectores se reunían a lo menos una vez al semestre en Miami con los representantes de la plana mayor de Laureate (…) Los resultados obtenidos en estas reuniones eran los que en definitiva autorizaban los fondos y gastos de la universidad” (vea aquí la declaración completa de Alfredo Ugarte).
La investigación desarrollada a pedido de la ex administración del Mineduc, describe los contratos firmados entre la UNAB y su controlador. Llama la atención una cláusula que establece que si en un futuro la autoridad determina que se deben pagar impuestos por los servicios que se venden (actualmente no pagan nada), es la universidad la que deberá “indemnizar” a Laureate por los tributos cobrados.
Los contadores Juan Ruz Ramírez y Nelsón Caro Román (Ruz & Caro) realizaron un análisis de los traspasos de dinero desde las universidades de Laureate a su empresa controladora. En el caso de la UNAB, les llamó la atención el incremento que han experimentado los pagos:
“Estos costos y gastos con relacionadas han experimentado un crecimiento acumulado del 60%, y un crecimiento promedio anual del 13%, lo que equivale a un monto total aproximado de $140 mil millones entre los cinco años bajo análisis (2012 – 2016), significando en promedio un 18% respecto al total de costos y gastos de operación”.
Las conclusiones de la investigación del Mineduc sobre la UNAB le disparan a los contratos que mantiene con su dueño. Porque a pesar de que la institución tiene una “buena” estructura de liquidez financiera, en el periodo analizado -2012 a 2016- el superávit acumulado no es significativo (un 2% de los ingresos en 2016): “Esto se explica en gran medida porque los precios de dos de sus contratos suscritos con una de las empresas de su controlador significaron una merma considerable en las utilidades percibidas durante el periodo 2013 – 2015 (…) el tipo de servicios objeto de los contratos de Licencia de Propiedad Intelectual y de Servicios de Productos de Red Laureate no tan solo son innecesarios o no están justificados, sino que, más grave aún, se configuran como mecanismos jurídicos destinados a desviar los excedentes de la corporación de derecho privado sin fines de lucro Universidad Andrés Bello para incrementar el patrimonio de su controlador”.
Solo por esos dos contratos, la UNAB transfirió a Laureate $27,6 mil millones (entre 2013 y 2015), la misma cifra del total del fraude en Carabineros que hoy tiene en las cuerdas a la policía uniformada.
La investigación del Mineduc a las finanzas de la UNAB se inició en 2016, luego de que se acumularan denuncias de estudiantes en contra del plantel, y que CIPER revelara una auditoría de Aptitude que concluyó que no existe certeza de que los servicios que Laureate vende al plantel sean útiles (vea aquí reportaje de CIPER).
La primera denuncia fue presentada por dos estudiantes de la carrera de Química y Farmacia, quienes reclamaron que la directora de la Facultad de Medicina de la sede de Viña del Mar tenía una disponibilidad limitada, además de no existir apoyo hacía los estudiantes ni tutorías de docentes en el desarrollo de sus prácticas profesionales en laboratorios, centros asistenciales y en la industria farmacéutica. Acusaron también que los alumnos no tenían establecimientos donde realizar sus proyectos de titulación, debido a una gestión administrativa deficiente para definir los cupos.
A esa denuncia inicial se sumó el petitorio que el Consejo de Presidentes de los estudiantes de la UNAB envió al Mineduc, donde pidieron que se aclararan las denuncias por lucro del plantel. El diputado Mario Venegas (DC) ingresó una tercera acusación el 13 de junio de 2016, haciendo referencia al informe de Aptitude.
Desde entonces, las denuncias sobre la UNAB no pararon. Dos estudiantes de la carrera de Derecho acusaron cambios en las reglas del juego en su proceso de titulación. Otros alumnos de Química reclamaron que no tenían lugares para realizar sus seminarios de título. El Sernac informó al Mineduc en septiembre de 2016 que estaban tramitando dos causas judiciales en contra de la UNAB por “incumplimiento de contrato” e “incumplimiento sobre precios”, además de mediaciones colectivas entre estudiantes y la institución por incumplimiento de las condiciones ofrecidas y por cláusulas abusivas en los contratos.
El estudiante de Administración, Antonio Baeza Chamorro, declaró ante el Mineduc que el reglamento de la universidad coarta el derecho a la libre expresión, y que existe una baja tasa de profesores por alumno. En la página 69 el informe del Mineduc recoge la declaración de Fabián Ceballos, ex vocero de los estudiantes de Derecho, que acusa lucro en la institución y cuestiona la calidad académica que entrega el plantel. Ceballos fue expulsado de la universidad luego de la toma que los estudiantes protagonizaron en 2016.
UDLA: EL ORIGEN DE LAS SOSPECHAS
La investigación del Mineduc a la Universidad de Las Américas (UDLA) fue la primera que se materializó en contra de una institución del Grupo Laureate. Una resolución del 3 de noviembre de 2014 oficializó la indagatoria.
Una de las primeras diligencias fue oficiar al Sernac para saber si existían denuncias de estudiantes en contra de la universidad. Y vaya que existían: 890 reclamos entre 2012 y 2016, por incumplimiento de contratos, publicidad engañosa o falsa, cláusulas abusivas o cobros excesivos de tasas de interés, entre otras. Más allá de esos reclamos, la indagatoria sobre la UDLA se erigió sobre los cuestionamientos planteados por la Comisión Nacional de Acreditación (CNA) y el Consejo Nacional de Educación (CNED) de 2013 en adelante.
La primera alerta la planteó la CNA en 2013 cuando decidió no acreditar a la UDLA. ¿El motivo?: los contratos de servicios entre la universidad y Laureate. “Aunque el componente de remuneraciones académicas es bajo, el gasto en arriendos, servicios administrativos y educacionales, prestados por empresas relacionadas a Laureate, es sustantivo. Por la salida de flujos hacia Laureate, la universidad está expuesta a una eventual vulnerabilidad financiera en caso de no tener su soporte”, se lee en el informe de la CNA.
En ese momento, fines de 2013, el 24% de los egresos operacionales de la UDLA se iban a sociedades relacionadas. Los cuestionamientos fueron escalando. El CNED apuntó a la utilidad de los servicios: “La institución estaría destinando parte importante de sus recursos a cuestiones que no aportan sustantivamente al servicio educativo o a servicios que están siendo subutilizados”.
En 2016 la CNA acreditó a la UDLA, dándole un respiro a su situación financiera ya que así volvió a recibir recursos por el Crédito con Aval del Estado (CAE) que recuperaron sus alumnos. Pero las objeciones a los pagos a Laureate no cesaron. Y ello porque la CNA detectó que, a pesar de la brusca caída en la matrícula que sufrió el plantel al perder la acreditación en 2013, los pagos a Laureate por “servicios” no disminuyeron significativamente.
El 6 de mayo de 2016 la abogada a cargo de la investigación sobre la UDLA en el Mineduc, envió un memorándum a la subsecretaria de Educación de entonces, Valentina Quiroga, advirtiéndola de las irregularidades detectadas: “La Universidad de Las Américas habría incurrido en conductas que contravienen el espíritu de la ley, a través de contratos suscritos con las filiales del controlador (Laureate International), por los cuales se estarían desviando fondos de la Corporación hacia la misma, operaciones que son del todo contrarias a su naturaleza de entidad con personalidad jurídica de derecho privado sin fines de lucro, de acuerdo a sus estatutos y la ley”.
Pilar Armanet, militante PPD y ex rectora de la Universidad de Las Américas
El Mineduc decidió recabar más información. Se envió una solicitud al Consejo de Defensa del Estado (CDE) para saber cómo se podría encauzar una contienda judicial por lucro contra una universidad privada. A febrero de 2017 el CDE no había respondido.
También se realizó una reunión con la Agencia de Promoción de la Inversión Extranjera para conocer la capacidad de maniobra de Laureate en el país. Y ello, porque el grupo transnacional firmó seis contratos de inversión extranjera con el Estado de Chile para ingresar los recursos que le permitieron comprar las tres universidades. En esa cita participaron los entonces ministros de Educación, Hacienda y Segpres: Adriana Delpiano, Rodrigo Valdés y Nicolás Eyzaguirre, respectivamente. La conclusión fue que los contratos de inversión no facultaban a Laureate para saltarse la normativa educacional que impide lucrar con las universidades.
Otro informe que fue clave para que el Mineduc concluyera que la UDLA comete una infracción grave al traspasar recursos a su controlador a través de los contratos por servicios, fue elaborado por la abogada Joanna Heskia a solicitud del CNED, en 2014. En ese estudio, la abogada aseguró que no existen pruebas de que la universidad utilice efectivamente los servicios, “que incluso muchos de los beneficios se repiten en varios contratos”, y que algunos de ellos se utilizaron antes de 2007, cuando entraron en vigencia los contratos.
La conclusión de la abogada fue dura: los programas de la Red Laureate están “gravemente subutilizados”, lo que los hace “extremadamente onerosos”. Heskia aseguró, además, que ningún estudiante de la UDLA había utilizado hasta entonces el programa de doble titulación ofrecido por el controlador. Citó a modo de ejemplo, que en 2012 solo 7.900 alumnos y 14 profesores utilizaron los cursos de inglés, de un total de más de 30 mil estudiantes matriculados. Por esos cursos la universidad paga a su controlador 250 dólares por cada estudiante.
Entre los años 2012–2016 la universidad pagó $66 mil millones a sociedades relacionadas con su controlador, un 21% de sus gastos operacionales.
UVM: SITUACIÓN CRÍTICA
La Universidad de Viña del Mar (UVM) fue creada el 17 de noviembre de 1988 por un grupo de familias influyentes de la Quinta Región. Los Bustamante Falcone, Madain Ayub, Nanjari Román y Barbieri Belloli fundaron esa casa de estudios apostando a que se convertiría en la gran universidad de la ciudad jardín. A 30 años de su creación, el plantel atraviesa por una precaria situación económica.
En 2009 la UVM se convirtió en la tercera y última universidad chilena en ser adquirida por el Grupo Laureate. Bastarían pocos años para que su situación se desestabilizara hasta alcanzar un punto crítico. La investigación del Mineduc cita información de la CNA, que asegura que los excedentes de la institución cayeron de $1.083 millones en 2010 a solo $15 millones en 2014. Esto se explica porque los gastos (18%) crecen más que los ingresos (12%). Como gastos se contabilizan los millones de dólares que año a año la UVM envía a Laureate como pagos por servicios que no son necesarios, concluyó la indagatoria del Mineduc.
La información financiera al plantel llamó la atención de las autoridades del ministerio por una serie de otras cifras que muestra la debilidad económica de la universidad: la deuda concentrada con Laureate Education Inc. (sociedad controladora) llega a $3.704 millones, cifra superior al patrimonio de la institución ($3.444 millones). En el informe se señala: “Hay un claro deterioro de sus indicadores financieros, donde los costos operacionales crecen un 6% por sobre los ingresos, aun cuando la matrícula nueva se ha incrementado (…) Los excedentes han tenido una caída sustancial a través del periodo”.
En la página 72 del informe del Mineduc sobre la UVM se cita el análisis de los contadores Ruz & Caro, quienes determinaron que “la UVM cuenta con una estructura de liquidez financiera crítica, presentando déficit de capital de trabajo en todos los años del periodo bajo análisis y con un endeudamiento total que ha evolucionado a un nivel de 5,6 veces el patrimonio en el año 2016”.
Gráfico elaborado por expertos del Mineduc
Ese mismo análisis pone el acento en el aumento de los pagos a sociedades relacionadas, el que creció 105% entre 2012 y 2016. En total, la UVM pagó a sociedades relacionadas más de $12 mil millones durante ese periodo.
Con esas cifras y tomando como base una metodología utilizada por la OCDE, los contadores Ruz & Caro compararon los pagos que realiza la UVM a su sociedad relacionada Laureate Trademark BV a cambio de algunos servicios, con los que realizan otras universidades de Chile a empresas no relacionadas (que no son propiedad de su controlador), para saber si esas transferencias se hacían con precios a valor de mercado (vea aquí la explicación técnica de ese ejercicio contable).
Explicado en simple: los contadores compararon el margen de utilidad de la UVM y sus gastos de administración y operación general, con el que obtuvieron otras 13 universidades que pagaron por servicios similares. El resultado fue decidor: el margen de operación sobre el costo fue de -0,19%, mientras que el promedio de las otras instituciones analizadas alcanzó un 5,33%. “Se puede inferir que los precios pagados por UVM a sus partes vinculadas (sociedades de Laureate) por los servicios de asesorías académicas y transferencia técnica, sí afectaron su rentabilidad entre 2013 y 2015”, concluyeron los expertos.
Los auditores también hicieron el ejercicio de eliminar los cargos por servicios de asesorías académicas y transferencia técnica contratada por la UVM a sus relacionadas. Luego recalcularon su rentabilidad, la que entonces llegó a un 9,49%. La conclusión fue lapidaria: “Lo anterior deja en evidencia que el tipo de servicios objeto de los contratos de Licencia de Propiedad Intelectual y de Servicios de Productos de Red Laureate no tan solo son innecesarios o no están justificados, sino que, más grave aún, se configuran como mecanismos jurídicos destinados a desviar los excedentes de la corporación de derecho privado sin fines de lucro Universidad de Viña del Mar, para incrementar el patrimonio de su controlador”.
Luego de eliminar los pagos por asesorías académicas y transferencia técnica en el resto de las 13 universidades que se usaron para la comparación, las variaciones del margen de utilidades sobre el costo no fueron tan pronunciadas, lo que llevó a los analistas a concluir que “este tipo de servicios no son críticos y/o estrictamente necesarios para la gran mayoría de las universidades comparables”.
Los auditores extendieron ese mismo ejercicio para los pagos por servicios realizados por la UNAB y la UDLA y los resultados fueron similares.
La Universidad Andrés Bello tuvo utilidades sobre costos de 1,6% entre 2013 y 2015, frente a una mediana de 5,82% del resto de las universidades con la que se la comparó. Y la UDLA alcanzó un resultado más dramático: -5,41% frente a un promedio de 6,28% para el resto de las universidades analizadas (vea tabla de comparación de UNAB y UDLA).
Dos de los contratos entre la UVM y Laureate objetados por el Mineduc establecen que la universidad pagará 250 dólares por alumno matriculado, además del 2% de sus ingresos netos, a la sociedad Laureate Trademark BV (registrada en Holanda) a cambio de la utilización de la marca Laureate y de cursos de inglés, además de otros beneficios como acceso a bibliotecas globales. Son los mismos contratos que firmaron las otras universidades del grupo: Andrés Bello y de Las Américas.
LA COSTOSA INFLUENCIA
El ex presidente estadounidense Bill Clinton fue uno de los principales voceros del Grupo Laureate a nivel global entre 2010 y 2015. Investido como “canciller honorario” del grupo, recibió casi US$ 18 millones por esa función, según una investigación del Washington Post. Tener a Clinton en sus filas le permitió a Laureate ganar respeto e influencia a nivel mundial. El mismo modelo lo han replicado en Chile, contratando a ex dirigentes políticos para darle mayor seriedad y peso a sus instituciones.
CIPER accedió a la contabilidad de sus tres universidades y revisó los cuantiosos montos pagados a figuras de la Concertación y de la derecha que aterrizaron en Laureate. Esas mismas figuras gozan de tribuna en distintos medios de comunicación para defender el modelo educativo y financiero del grupo de educación superior privada.
El pasado domingo 8 de abril, el médico Hernán Sandoval (PPD) –ex embajador en Paris y amigo de Ricardo Lagos– apareció a página completa en Reportajes de El Mercurio afirmando: “Da lo mismo si el controlador de una universidad tiene fines de lucro”. Lo hizo precisamente en momentos en que el Tribunal Constitucional había declarado inconstitucional un artículo de la Reforma a la Educación que prohibía que instituciones con fines de lucro controlen universidades. Ese fallo desató una lluvia de críticas y reavivó la oposición pública al lucro universitario. Esa misma semana la Federación de Estudiantes de la UDLA, protestó contra Laureate luego de que CIPER revelara las conclusiones de la investigación del Mineduc sobre el plantel. El controlador estaba en apuros.
Sandoval es el decano de la Facultad de Salud de la UDLA y el requerimiento al TC fue presentado por Pilar Armanet, también militante del PPD y entonces rectora de la misma universidad. No hay claridad del sueldo que recibió Armanet durante cuatro años como rectora de la UDLA (dejó el cargo hace unos días), pero se puede inferir. Su antecesor en la rectoría, José Pedro Undurraga, declaró en la Fiscalía (en la causa por lucro, ya concluida) que su remuneración mensual era de $20 millones y que los pagos los realizaba una filial de Laureate, no la universidad.
Entre 2008 y 2012 la UDLA tenía en su directorio a figuras de la derecha y de la izquierda. Allí estaban Manfredo Mayol, asesor comunicacional de la UDI y colaborador de la dictadura; Genaro Arriagada (DC), ex ministro de la Concertación; y Herman Chadwick Piñera (UDI), primo del presidente Sebastián Piñera y actual presidente de ENEL. Herman Chadwick presidía el directorio de la UDLA y en esos años percibió $253 millones. En el mismo periodo Genaro Arriagada recibió $155 millones y Manfredo Mayol otros $124 millones.
Herman Chadwick, ex presidente del directorio de la Universidad de Las Américas.
En esa misma época, Paulina Dittborn Cordua era la pro-rectora de la UDLA. Fue subsecretaria de Educación durante la dictadura y su esposo, Juan Antonio Guzmán, fue ministro de Educación de Pinochet (1987-1989). Dittborn es hermana del actual asesor del Ministerio de Hacienda, ex subsecretario de esa cartera y ex diputado Julio Dittborn (UDI). Hasta antes de ingresar a la UDLA, Paulina Dittborn fue vicepresidenta del Consejo Superior de Educación. Entre 2009 y 2011 recibió del plantel $327 millones.
Las otras universidades de Laureate siguen el mismo patrón. En 2009 asumió como rector de la Universidad de Viña del Mar Julio Castro Sepúlveda, quien entre 2006 y 2008 fue el jefe de la División de Educación Superior del primer gobierno de Michelle Bachelet. Actualmente es director de AIEP, el instituto profesional de Laureate. Solo entre 2010 y 2012 recibió de la UVM $336 millones.
Oscar Garretón Purcell (PS), fue director de la UNAB. Por esa labor percibió $34 millones entre 2008 y 2011. En el mismo directorio está Julio Bustamante Jeraldo (DC), ex superintendente de AFP de los gobiernos de Patricio Aylwin y Eduardo Frei Ruiz Tagle. Entre 2008 y 2011 recibió $35 millones de la universidad.
En el mismo periodo (2008 – 2011) el actual ministro del Interior, Andrés Chadwick Piñera, recibió un sueldo mensual de la UNAB que totalizó $36,3 millones. Esos pagos cesaron en septiembre de 2011, cuando asumió como ministro del primer gobierno de Piñera. Antes de ese nombramiento, era senador de la UDI por la Región de O´Higgins. Desde la oficina del ministro Chadwick respondieron a CIPER: “El ministro fue profesor de derecho constitucional de la Universidad Andrés Bello y esa labor fue transparentada en la Declaración de Intereses y Patrimonio que hizo en 2011. Cuando entró al gobierno ese año dejó de trabajar en la universidad y lo más seguro es que los pagos hasta septiembre de ese año se deban a un desfase. Aun así, senadores y ministros no están impedidos para realizar clases en universidades”.
Así lo reveló una investigación del Mineduc que detalla los perjuicios que ese lucro provoca. Uno de ellos: la crítica situación de la UVM cuya deuda supera cinco veces su patrimonio. CIPER revela los millonarios contratos a políticos de izquierda y derecha. Un escudo para la supervivencia de ese modelo.
Las 353 páginas que contienen las conclusiones de la investigación sobre el lucro indebido obtenido por el Grupo Laureate, a través de las tres universidades que controla en Chile, y que fue ordenada por el Ministerio de Educación (Mineduc), contienen cifras por compra y venta de servicios, fórmulas contables, reportes financieros, declaraciones de ex autoridades de los planteles y tasaciones inmobiliarias. Están escritos en un lenguaje de auditores y abogados, pero si se despeja la niebla de los tecnicismos, aparecen los datos duros relevantes.
Que la situación económica de la Universidad de Viña del Mar es crítica. Tan crítica, que sus deudas superan en más de cinco veces su patrimonio. Que entre los años 2012 a 2016 las tres universidades del Grupo Laureate traspasaron a sus sociedades relacionadas más de $219 mil millones, lo que afectó la salud financiera de los planteles. Que los pagos a relacionados representan más del 20% de los gastos ejecutados por la Universidad de Las Américas. Y lo más grave: que los servicios que dice prestar Laureate a cambio de multimillonarios pagos, no están justificados.
En los informes también hay testimonios de ex decanos que acusan a Laureate de haber arruinado el proyecto educativo de la Universidad Andrés Bello. Y están también los testimonios de alumnos de esas tres universidades que reclaman porque ellas no han cumplido con lo que prometen en sus contratos. En este acápite, las acusaciones de los alumnos se ven reforzadas por información entregada al Mineduc por el Servicio Nacional del Consumidor (Sernac). Su informe cifra en 890 los reclamos recibidos en contra de la Universidad de Las Américas entre 2012 y 2016 por incumplimiento de contrato, servicio defectuoso y publicidad engañosa, entre otros ítems.
CIPER accedió y revisó en detalle los informes de la investigación realizada a las tres casas de estudio de Laureate. La argumentación del Mineduc es contundente para acusar que las tres universidades del grupo en Chile cometieron “grave infracción por lucro”, al traspasar millonarios recursos a su controlador.
CIPER pudo, además, revisar la contabilidad de esas tres universidades y examinar con lupa los sueldos que se pagan a sus directores y rectores, varios de los cuales provienen del mundo político. Hay ex jefes del Mineduc, ex superintendentes de AFP, ideólogos comunicacionales de la dictadura y altos dirigentes políticos de los gobiernos de la Concertación. Varios de ellos obtienen más de $100 millones anuales por prestar su nombre para sumar influencia a los asientos de los directorios del Grupo Laureate. Pilar Armanet, rectora de la Universidad de Las Américas hasta marzo de este año, no es un caso aislado.
En un reportaje anterior, CIPER ya dio a conocer las conclusiones de la investigación del Mineduc. Allí se acusa a las tres universidades del Grupo Laureate de servir como vehículos para traspasar ganancias a su controlador, a través de contratos por venta de servicios y por utilización de la propiedad intelectual (vea aquí reportaje de CIPER).
El martes 3 de abril el subsecretario de Educación, Raúl Figueroa, aseguró en la Cámara de Diputados que las tres universidades habían sido notificadas de la decisión del Mineduc, quien les exigió que finiquitaran dos de los contratos que mantienen con Laureate.
Ahora CIPER revela el contenido de los informes completos del Mineduc sobre el funcionamiento de las universidades Andrés Bello, de Las Américas y de Viña del Mar.
EL “PLAN ECONÓMICO” DE LA ANDRÉS BELLO
Los informes del Mineduc sobre las universidades Andrés Bello y de Las Américas son los más extensos. Incluyen testimonios de académicos y de alumnos, quienes reclaman por las políticas impuestas por Laureate en los planteles.
La declaración que prestó ante el Mineduc el ex decano de la Facultad de Derecho de la UNAB, Alfredo Ugarte, es clave. El abogado formó parte de la UNAB entre 1999 y 2014. Su experiencia durante esos 15 años la relató a la abogada instructora del Ministerio de Educación el 25 de mayo de 2017, cuando afirmó que el proyecto de la Universidad Andrés Bello creció hasta la llegada de Laureate:
“Se cambiaron todos los parámetros, se cortaron gastos de inversiones en materia académica y de investigación, y se empezó a exigir a los decanatos el cumplimiento de un plan económico y rendimiento de Ebitda (beneficio bruto del negocio antes de gastos financieros), siendo calificados dichos académicos que ejercían el decanato, no por su calidad técnica, publicaciones o investigaciones, sino que por el cumplimiento de la Ebitda. Fue un cambio radical de administración. El proyecto dejó de ser académico y se empezó a privilegiar lo económico”.
Ugarte relató que para fiscalizar el cumplimiento de las metas impuestas a cada facultad, Laureate instaló coordinadores económicos, a cargo del vicerrector de Finanzas de la universidad. Y agregó: “Los directivos y vicerrectores se reunían a lo menos una vez al semestre en Miami con los representantes de la plana mayor de Laureate (…) Los resultados obtenidos en estas reuniones eran los que en definitiva autorizaban los fondos y gastos de la universidad” (vea aquí la declaración completa de Alfredo Ugarte).
La investigación desarrollada a pedido de la ex administración del Mineduc, describe los contratos firmados entre la UNAB y su controlador. Llama la atención una cláusula que establece que si en un futuro la autoridad determina que se deben pagar impuestos por los servicios que se venden (actualmente no pagan nada), es la universidad la que deberá “indemnizar” a Laureate por los tributos cobrados.
Los contadores Juan Ruz Ramírez y Nelsón Caro Román (Ruz & Caro) realizaron un análisis de los traspasos de dinero desde las universidades de Laureate a su empresa controladora. En el caso de la UNAB, les llamó la atención el incremento que han experimentado los pagos:
“Estos costos y gastos con relacionadas han experimentado un crecimiento acumulado del 60%, y un crecimiento promedio anual del 13%, lo que equivale a un monto total aproximado de $140 mil millones entre los cinco años bajo análisis (2012 – 2016), significando en promedio un 18% respecto al total de costos y gastos de operación”.
Las conclusiones de la investigación del Mineduc sobre la UNAB le disparan a los contratos que mantiene con su dueño. Porque a pesar de que la institución tiene una “buena” estructura de liquidez financiera, en el periodo analizado -2012 a 2016- el superávit acumulado no es significativo (un 2% de los ingresos en 2016): “Esto se explica en gran medida porque los precios de dos de sus contratos suscritos con una de las empresas de su controlador significaron una merma considerable en las utilidades percibidas durante el periodo 2013 – 2015 (…) el tipo de servicios objeto de los contratos de Licencia de Propiedad Intelectual y de Servicios de Productos de Red Laureate no tan solo son innecesarios o no están justificados, sino que, más grave aún, se configuran como mecanismos jurídicos destinados a desviar los excedentes de la corporación de derecho privado sin fines de lucro Universidad Andrés Bello para incrementar el patrimonio de su controlador”.
Solo por esos dos contratos, la UNAB transfirió a Laureate $27,6 mil millones (entre 2013 y 2015), la misma cifra del total del fraude en Carabineros que hoy tiene en las cuerdas a la policía uniformada.
La investigación del Mineduc a las finanzas de la UNAB se inició en 2016, luego de que se acumularan denuncias de estudiantes en contra del plantel, y que CIPER revelara una auditoría de Aptitude que concluyó que no existe certeza de que los servicios que Laureate vende al plantel sean útiles (vea aquí reportaje de CIPER).
La primera denuncia fue presentada por dos estudiantes de la carrera de Química y Farmacia, quienes reclamaron que la directora de la Facultad de Medicina de la sede de Viña del Mar tenía una disponibilidad limitada, además de no existir apoyo hacía los estudiantes ni tutorías de docentes en el desarrollo de sus prácticas profesionales en laboratorios, centros asistenciales y en la industria farmacéutica. Acusaron también que los alumnos no tenían establecimientos donde realizar sus proyectos de titulación, debido a una gestión administrativa deficiente para definir los cupos.
A esa denuncia inicial se sumó el petitorio que el Consejo de Presidentes de los estudiantes de la UNAB envió al Mineduc, donde pidieron que se aclararan las denuncias por lucro del plantel. El diputado Mario Venegas (DC) ingresó una tercera acusación el 13 de junio de 2016, haciendo referencia al informe de Aptitude.
Desde entonces, las denuncias sobre la UNAB no pararon. Dos estudiantes de la carrera de Derecho acusaron cambios en las reglas del juego en su proceso de titulación. Otros alumnos de Química reclamaron que no tenían lugares para realizar sus seminarios de título. El Sernac informó al Mineduc en septiembre de 2016 que estaban tramitando dos causas judiciales en contra de la UNAB por “incumplimiento de contrato” e “incumplimiento sobre precios”, además de mediaciones colectivas entre estudiantes y la institución por incumplimiento de las condiciones ofrecidas y por cláusulas abusivas en los contratos.
El estudiante de Administración, Antonio Baeza Chamorro, declaró ante el Mineduc que el reglamento de la universidad coarta el derecho a la libre expresión, y que existe una baja tasa de profesores por alumno. En la página 69 el informe del Mineduc recoge la declaración de Fabián Ceballos, ex vocero de los estudiantes de Derecho, que acusa lucro en la institución y cuestiona la calidad académica que entrega el plantel. Ceballos fue expulsado de la universidad luego de la toma que los estudiantes protagonizaron en 2016.
UDLA: EL ORIGEN DE LAS SOSPECHAS
La investigación del Mineduc a la Universidad de Las Américas (UDLA) fue la primera que se materializó en contra de una institución del Grupo Laureate. Una resolución del 3 de noviembre de 2014 oficializó la indagatoria.
Una de las primeras diligencias fue oficiar al Sernac para saber si existían denuncias de estudiantes en contra de la universidad. Y vaya que existían: 890 reclamos entre 2012 y 2016, por incumplimiento de contratos, publicidad engañosa o falsa, cláusulas abusivas o cobros excesivos de tasas de interés, entre otras. Más allá de esos reclamos, la indagatoria sobre la UDLA se erigió sobre los cuestionamientos planteados por la Comisión Nacional de Acreditación (CNA) y el Consejo Nacional de Educación (CNED) de 2013 en adelante.
La primera alerta la planteó la CNA en 2013 cuando decidió no acreditar a la UDLA. ¿El motivo?: los contratos de servicios entre la universidad y Laureate. “Aunque el componente de remuneraciones académicas es bajo, el gasto en arriendos, servicios administrativos y educacionales, prestados por empresas relacionadas a Laureate, es sustantivo. Por la salida de flujos hacia Laureate, la universidad está expuesta a una eventual vulnerabilidad financiera en caso de no tener su soporte”, se lee en el informe de la CNA.
En ese momento, fines de 2013, el 24% de los egresos operacionales de la UDLA se iban a sociedades relacionadas. Los cuestionamientos fueron escalando. El CNED apuntó a la utilidad de los servicios: “La institución estaría destinando parte importante de sus recursos a cuestiones que no aportan sustantivamente al servicio educativo o a servicios que están siendo subutilizados”.
En 2016 la CNA acreditó a la UDLA, dándole un respiro a su situación financiera ya que así volvió a recibir recursos por el Crédito con Aval del Estado (CAE) que recuperaron sus alumnos. Pero las objeciones a los pagos a Laureate no cesaron. Y ello porque la CNA detectó que, a pesar de la brusca caída en la matrícula que sufrió el plantel al perder la acreditación en 2013, los pagos a Laureate por “servicios” no disminuyeron significativamente.
El 6 de mayo de 2016 la abogada a cargo de la investigación sobre la UDLA en el Mineduc, envió un memorándum a la subsecretaria de Educación de entonces, Valentina Quiroga, advirtiéndola de las irregularidades detectadas: “La Universidad de Las Américas habría incurrido en conductas que contravienen el espíritu de la ley, a través de contratos suscritos con las filiales del controlador (Laureate International), por los cuales se estarían desviando fondos de la Corporación hacia la misma, operaciones que son del todo contrarias a su naturaleza de entidad con personalidad jurídica de derecho privado sin fines de lucro, de acuerdo a sus estatutos y la ley”.
Pilar Armanet, militante PPD y ex rectora de la Universidad de Las Américas
El Mineduc decidió recabar más información. Se envió una solicitud al Consejo de Defensa del Estado (CDE) para saber cómo se podría encauzar una contienda judicial por lucro contra una universidad privada. A febrero de 2017 el CDE no había respondido.
También se realizó una reunión con la Agencia de Promoción de la Inversión Extranjera para conocer la capacidad de maniobra de Laureate en el país. Y ello, porque el grupo transnacional firmó seis contratos de inversión extranjera con el Estado de Chile para ingresar los recursos que le permitieron comprar las tres universidades. En esa cita participaron los entonces ministros de Educación, Hacienda y Segpres: Adriana Delpiano, Rodrigo Valdés y Nicolás Eyzaguirre, respectivamente. La conclusión fue que los contratos de inversión no facultaban a Laureate para saltarse la normativa educacional que impide lucrar con las universidades.
Otro informe que fue clave para que el Mineduc concluyera que la UDLA comete una infracción grave al traspasar recursos a su controlador a través de los contratos por servicios, fue elaborado por la abogada Joanna Heskia a solicitud del CNED, en 2014. En ese estudio, la abogada aseguró que no existen pruebas de que la universidad utilice efectivamente los servicios, “que incluso muchos de los beneficios se repiten en varios contratos”, y que algunos de ellos se utilizaron antes de 2007, cuando entraron en vigencia los contratos.
La conclusión de la abogada fue dura: los programas de la Red Laureate están “gravemente subutilizados”, lo que los hace “extremadamente onerosos”. Heskia aseguró, además, que ningún estudiante de la UDLA había utilizado hasta entonces el programa de doble titulación ofrecido por el controlador. Citó a modo de ejemplo, que en 2012 solo 7.900 alumnos y 14 profesores utilizaron los cursos de inglés, de un total de más de 30 mil estudiantes matriculados. Por esos cursos la universidad paga a su controlador 250 dólares por cada estudiante.
Entre los años 2012–2016 la universidad pagó $66 mil millones a sociedades relacionadas con su controlador, un 21% de sus gastos operacionales.
UVM: SITUACIÓN CRÍTICA
La Universidad de Viña del Mar (UVM) fue creada el 17 de noviembre de 1988 por un grupo de familias influyentes de la Quinta Región. Los Bustamante Falcone, Madain Ayub, Nanjari Román y Barbieri Belloli fundaron esa casa de estudios apostando a que se convertiría en la gran universidad de la ciudad jardín. A 30 años de su creación, el plantel atraviesa por una precaria situación económica.
En 2009 la UVM se convirtió en la tercera y última universidad chilena en ser adquirida por el Grupo Laureate. Bastarían pocos años para que su situación se desestabilizara hasta alcanzar un punto crítico. La investigación del Mineduc cita información de la CNA, que asegura que los excedentes de la institución cayeron de $1.083 millones en 2010 a solo $15 millones en 2014. Esto se explica porque los gastos (18%) crecen más que los ingresos (12%). Como gastos se contabilizan los millones de dólares que año a año la UVM envía a Laureate como pagos por servicios que no son necesarios, concluyó la indagatoria del Mineduc.
La información financiera al plantel llamó la atención de las autoridades del ministerio por una serie de otras cifras que muestra la debilidad económica de la universidad: la deuda concentrada con Laureate Education Inc. (sociedad controladora) llega a $3.704 millones, cifra superior al patrimonio de la institución ($3.444 millones). En el informe se señala: “Hay un claro deterioro de sus indicadores financieros, donde los costos operacionales crecen un 6% por sobre los ingresos, aun cuando la matrícula nueva se ha incrementado (…) Los excedentes han tenido una caída sustancial a través del periodo”.
En la página 72 del informe del Mineduc sobre la UVM se cita el análisis de los contadores Ruz & Caro, quienes determinaron que “la UVM cuenta con una estructura de liquidez financiera crítica, presentando déficit de capital de trabajo en todos los años del periodo bajo análisis y con un endeudamiento total que ha evolucionado a un nivel de 5,6 veces el patrimonio en el año 2016”.
Gráfico elaborado por expertos del Mineduc
Ese mismo análisis pone el acento en el aumento de los pagos a sociedades relacionadas, el que creció 105% entre 2012 y 2016. En total, la UVM pagó a sociedades relacionadas más de $12 mil millones durante ese periodo.
Con esas cifras y tomando como base una metodología utilizada por la OCDE, los contadores Ruz & Caro compararon los pagos que realiza la UVM a su sociedad relacionada Laureate Trademark BV a cambio de algunos servicios, con los que realizan otras universidades de Chile a empresas no relacionadas (que no son propiedad de su controlador), para saber si esas transferencias se hacían con precios a valor de mercado (vea aquí la explicación técnica de ese ejercicio contable).
Explicado en simple: los contadores compararon el margen de utilidad de la UVM y sus gastos de administración y operación general, con el que obtuvieron otras 13 universidades que pagaron por servicios similares. El resultado fue decidor: el margen de operación sobre el costo fue de -0,19%, mientras que el promedio de las otras instituciones analizadas alcanzó un 5,33%. “Se puede inferir que los precios pagados por UVM a sus partes vinculadas (sociedades de Laureate) por los servicios de asesorías académicas y transferencia técnica, sí afectaron su rentabilidad entre 2013 y 2015”, concluyeron los expertos.
Los auditores también hicieron el ejercicio de eliminar los cargos por servicios de asesorías académicas y transferencia técnica contratada por la UVM a sus relacionadas. Luego recalcularon su rentabilidad, la que entonces llegó a un 9,49%. La conclusión fue lapidaria: “Lo anterior deja en evidencia que el tipo de servicios objeto de los contratos de Licencia de Propiedad Intelectual y de Servicios de Productos de Red Laureate no tan solo son innecesarios o no están justificados, sino que, más grave aún, se configuran como mecanismos jurídicos destinados a desviar los excedentes de la corporación de derecho privado sin fines de lucro Universidad de Viña del Mar, para incrementar el patrimonio de su controlador”.
Luego de eliminar los pagos por asesorías académicas y transferencia técnica en el resto de las 13 universidades que se usaron para la comparación, las variaciones del margen de utilidades sobre el costo no fueron tan pronunciadas, lo que llevó a los analistas a concluir que “este tipo de servicios no son críticos y/o estrictamente necesarios para la gran mayoría de las universidades comparables”.
Los auditores extendieron ese mismo ejercicio para los pagos por servicios realizados por la UNAB y la UDLA y los resultados fueron similares.
La Universidad Andrés Bello tuvo utilidades sobre costos de 1,6% entre 2013 y 2015, frente a una mediana de 5,82% del resto de las universidades con la que se la comparó. Y la UDLA alcanzó un resultado más dramático: -5,41% frente a un promedio de 6,28% para el resto de las universidades analizadas (vea tabla de comparación de UNAB y UDLA).
Dos de los contratos entre la UVM y Laureate objetados por el Mineduc establecen que la universidad pagará 250 dólares por alumno matriculado, además del 2% de sus ingresos netos, a la sociedad Laureate Trademark BV (registrada en Holanda) a cambio de la utilización de la marca Laureate y de cursos de inglés, además de otros beneficios como acceso a bibliotecas globales. Son los mismos contratos que firmaron las otras universidades del grupo: Andrés Bello y de Las Américas.
LA COSTOSA INFLUENCIA
El ex presidente estadounidense Bill Clinton fue uno de los principales voceros del Grupo Laureate a nivel global entre 2010 y 2015. Investido como “canciller honorario” del grupo, recibió casi US$ 18 millones por esa función, según una investigación del Washington Post. Tener a Clinton en sus filas le permitió a Laureate ganar respeto e influencia a nivel mundial. El mismo modelo lo han replicado en Chile, contratando a ex dirigentes políticos para darle mayor seriedad y peso a sus instituciones.
CIPER accedió a la contabilidad de sus tres universidades y revisó los cuantiosos montos pagados a figuras de la Concertación y de la derecha que aterrizaron en Laureate. Esas mismas figuras gozan de tribuna en distintos medios de comunicación para defender el modelo educativo y financiero del grupo de educación superior privada.
El pasado domingo 8 de abril, el médico Hernán Sandoval (PPD) –ex embajador en Paris y amigo de Ricardo Lagos– apareció a página completa en Reportajes de El Mercurio afirmando: “Da lo mismo si el controlador de una universidad tiene fines de lucro”. Lo hizo precisamente en momentos en que el Tribunal Constitucional había declarado inconstitucional un artículo de la Reforma a la Educación que prohibía que instituciones con fines de lucro controlen universidades. Ese fallo desató una lluvia de críticas y reavivó la oposición pública al lucro universitario. Esa misma semana la Federación de Estudiantes de la UDLA, protestó contra Laureate luego de que CIPER revelara las conclusiones de la investigación del Mineduc sobre el plantel. El controlador estaba en apuros.
Sandoval es el decano de la Facultad de Salud de la UDLA y el requerimiento al TC fue presentado por Pilar Armanet, también militante del PPD y entonces rectora de la misma universidad. No hay claridad del sueldo que recibió Armanet durante cuatro años como rectora de la UDLA (dejó el cargo hace unos días), pero se puede inferir. Su antecesor en la rectoría, José Pedro Undurraga, declaró en la Fiscalía (en la causa por lucro, ya concluida) que su remuneración mensual era de $20 millones y que los pagos los realizaba una filial de Laureate, no la universidad.
Entre 2008 y 2012 la UDLA tenía en su directorio a figuras de la derecha y de la izquierda. Allí estaban Manfredo Mayol, asesor comunicacional de la UDI y colaborador de la dictadura; Genaro Arriagada (DC), ex ministro de la Concertación; y Herman Chadwick Piñera (UDI), primo del presidente Sebastián Piñera y actual presidente de ENEL. Herman Chadwick presidía el directorio de la UDLA y en esos años percibió $253 millones. En el mismo periodo Genaro Arriagada recibió $155 millones y Manfredo Mayol otros $124 millones.
Herman Chadwick, ex presidente del directorio de la Universidad de Las Américas.
En esa misma época, Paulina Dittborn Cordua era la pro-rectora de la UDLA. Fue subsecretaria de Educación durante la dictadura y su esposo, Juan Antonio Guzmán, fue ministro de Educación de Pinochet (1987-1989). Dittborn es hermana del actual asesor del Ministerio de Hacienda, ex subsecretario de esa cartera y ex diputado Julio Dittborn (UDI). Hasta antes de ingresar a la UDLA, Paulina Dittborn fue vicepresidenta del Consejo Superior de Educación. Entre 2009 y 2011 recibió del plantel $327 millones.
Las otras universidades de Laureate siguen el mismo patrón. En 2009 asumió como rector de la Universidad de Viña del Mar Julio Castro Sepúlveda, quien entre 2006 y 2008 fue el jefe de la División de Educación Superior del primer gobierno de Michelle Bachelet. Actualmente es director de AIEP, el instituto profesional de Laureate. Solo entre 2010 y 2012 recibió de la UVM $336 millones.
Oscar Garretón Purcell (PS), fue director de la UNAB. Por esa labor percibió $34 millones entre 2008 y 2011. En el mismo directorio está Julio Bustamante Jeraldo (DC), ex superintendente de AFP de los gobiernos de Patricio Aylwin y Eduardo Frei Ruiz Tagle. Entre 2008 y 2011 recibió $35 millones de la universidad.
En el mismo periodo (2008 – 2011) el actual ministro del Interior, Andrés Chadwick Piñera, recibió un sueldo mensual de la UNAB que totalizó $36,3 millones. Esos pagos cesaron en septiembre de 2011, cuando asumió como ministro del primer gobierno de Piñera. Antes de ese nombramiento, era senador de la UDI por la Región de O´Higgins. Desde la oficina del ministro Chadwick respondieron a CIPER: “El ministro fue profesor de derecho constitucional de la Universidad Andrés Bello y esa labor fue transparentada en la Declaración de Intereses y Patrimonio que hizo en 2011. Cuando entró al gobierno ese año dejó de trabajar en la universidad y lo más seguro es que los pagos hasta septiembre de ese año se deban a un desfase. Aun así, senadores y ministros no están impedidos para realizar clases en universidades”.
Laureate, la muy rentable empresa "for-profit" (por el lucro) como la llaman en los EEUU, llegó a Chile de la mano de Lagos, Bachelet y Piñera. El periodista Ernesto Carmona traza su retorcida trayectoria. Laureate ama el dinero público, las subvenciones, las donaciones y otros menudos favores. Con los que le paga generosamente a sus patrocinadores como Bill Clinton y Ernesto Zedillo. La historia de una estafa internacional.
¿Quiénes son los dueños de Laureate y de la Universidad Andrés Bello de Chile?
Laureate International Universities utiliza a personajes como Bill Clinton y Ernesto Zedillo, ex presidentes de EEUU y de México, como cebos propagandísticos de una cacería transnacional de jóvenes que sueñan con la educación superior para alcanzar una vida mejor. Su afán de lucro primero seduce y luego hace pagar caro a los soñadores.
Por Ernesto Carmona / MapochoPress / 22-08-2016
El cuestionado grupo Laureate Education Inc. (LEI) maneja 84 universidades alrededor del mundo y en Chile controla las universidades Andrés Bello, Las Américas (UDLA) y Viña del Mar, más dos institutos profesionales (AIEP y EMM) y un centro de post grados (IEDE), que estuvo a cargo del ex candidato presidencial Franco Parisi.
La red mundial Laureate incluye 31 centros de estudio en América Latina, 5 en Norte América, 23 en Europa, 11 en Oriente Medio, 12 en Asia Pacífico y 2 en África. Su mayor presencia en América del Sur está en Brasil, con 12 universidades, pero también se extiende a Perú (2), Ecuador (2, incluida una filial de UDLA-Chile), Costa Rica (2), Honduras (2), México (2) y Panamá (2).
Laureate no sólo es la transnacional más grande de la educación superior en el campo de la cacería de "los sueños" de los jóvenes de Chile, sino la mayor del mundo. Fundada en 1998 con su matriz en Baltimore, Maryland, y conocida antes como Sylvan Learning Systems, Inc., en mayo 2004 cambió su nombre a Laureate Education, Inc., operando como subsidiaria de Wengen Alberta, Limited Partnership, controlada por Douglas L. Becker, director ejecutivo –CEO– del grupo.
Laureate fue la 9ª empresa más grande de Baltimore, con más de 1.000 millones de dólares en ingresos en 2006. También adquirió fama como el mayor especialista en educación online, a través de Educar Inc., que alguna vez formó parte de los antiguos Sylvan Learning Systems.
En enero 2007 se anunció la adquisición de Laureate Education Inc. por un grupo de inversión encabezado por el CEO Douglas L. Becker, actual presidente del consejo de la compañía y responsable de las decisiones financieras. La oferta de compra terminó fijada en 62 dólares por acción, en una transacción finiquitada en 2008 por 3.820 millones de dólares, pagados de contado y calificada entre las mayores operaciones de Baltimore de la última década.
El consorcio formado para la operación incluyó entidades y fondos como Kohlberg Kravis Roberts (KKR), Citigroup Private Equity, SAC Capital Management, SPG Partners, Bregal Investments, Caisse de Depot et Placement du Quebec, Sterling Capital, Makena Capital, Torreal S.A., y Southern Cross Capital. Estas firmas están basadas en Estados Unidos, Inglaterra, Canadá y España, aunque se trata de capital financiero sin fronteras.
Hubo accionistas que cuestionaron esta transacción. Mientras se estudiaba la oferta de venta, algunos accionistas, como el gerente T. Rowe de Price Group Inc., de Baltimore, se quedaron preguntándose qué habría sido de su empresa y argumentaron que el acuerdo de venta beneficiaba a la gestión mientras estafaba a los accionistas. Una demanda colectiva, llamada "juicio de acción de clases", presentado por accionistas insatisfechos por la transacción ante la Corte del Circuito de Baltimore City terminó en un arreglo en octubre de 2011, que significó el reparto de una reparación por 35 millones de dólares entre los tenedores de acciones que participaron del acuerdo, recibidos en proporción al número de acciones que poseían, explicó Brian Moffet, abogado de Gordon Feinblatt en Baltimore, que no estuvo asociado al caso Laureate. Se adquirieron más de 60 millones de acciones en esta compra.
“Tales demandas son comunes cuando las empresas participan en grandes fusiones y adquisiciones, pero es menos frecuente que los accionistas terminen recibiendo algún dinero”, explicaron Scott Dance y el staff del Baltimore Business Journal (15/07/2011). Los funcionarios de Laureate consultados se negaron a comentar sobre el acuerdo, mientras los abogados eludían el requerimiento periodístico. (Ver http://www.bizjournals.com/baltimore/print-edition/2011/07/15/laureate-shareholders-reap-35m.html?page=all).
Expansión transnacional
La expansión de Laureate da vértigo. Hacia 2007, Laureate atendía una matrícula global de aproximadamente 250 mil estudiantes, 30 mil de ellos en programas a distancia, según el académico mexicano Roberto Rodríguez Gómez (UNAM) (http://firgoa.usc.es/drupal/node/34340). En 2008, el mismo autor estimaba la matrícula en 400.000. (http://www.observatorio.org/opinion/Transnacional.html). En 2010, el CEO Douglas L. Becker, a través de la Universidad Viña del Mar aseguraba que Laureate entregaba “formación a cerca de 600 mil estudiantes” (http://www.uvm.cl/noticias.shtml?cmd%5B366%5D=i-366-15b0e0d5b51f37e7dea057a70ab3a8c3)
Sólo en Chile, su matrícula 2012 ascendía a 123.739 estudiantes, el 12,5% de un “mercado” que en 2011 exhibía 989.034 estudiantes matriculados en centros de formación ténica, institutos profesionales y universidades (http://www.cned.cl/boletin/201112N05.pdf). En 2016 declara 177.000 alumnos.
“Laureate Education Inc. se perfila como el proveedor transnacional de servicios educativos de tipo superior más significativo a nivel global”, escribió Rodríguez Gómez en 2007. “La política corporativa Laureate consiste en adquirir o aliarse con institutos de educación superior establecidos, preferentemente acreditados en su país de origen y con un nicho de mercado resuelto”.
El aporte de Laureate consiste principalmente en capital más el valor agregado de la afiliación a la red de universidades LIU, con posibilidades de intercambio y movilidad internacional. La transnacional incrementa el valor de sus activos y, por consiguiente, su posición en el segmento en que opera en el mercado internacional. En educación a distancia tipo on line, el grupo ofrece programas de licenciatura y postgrado a través de dos instituciones especializadas, la Universidad Walden, de Estados Unidos, y el sistema Laureate Online Education B.V., en alianza con la Universidad de Liverpool.
Laureate Education Inc. tiene una cara pública más amable, con la apariencia de una red académica transnacional, que es la imagen de Laureate International Universities (LIU), que, según su sitio web, en 2016 incorpora 84 instituciones de educación superior de una treintena de países de América Latina, Norte América, Europa, Asia Pacífico, Oriente Medio y Norte de África (http://www.laureate.net/).
Visitando la recién adquirida Universidad Viña del Mar, en mayo 2010 el CEO del conglomerado Laureate Inc., Douglas L. Becker, afirmó que la educación superior debe satisfacer las necesidades de la empresa y facilitar el éxito profesional de los jóvenes. Su argumento principal incidió en la teoría de satisfacer "el sueño" juvenil de una educación que lo arme para el futuro en el mundo en que vivimos: “En la red compartimos la misión de hacer accesible la educación superior, de modo que más jóvenes pueden perseguir sus sueños”, dijo, orgulloso. “Ofrecemos una educación profesionalmente orientada, con una perspectiva internacional que contribuye a preparar a los jóvenes para triunfar en el mercado global”, expresó el ejecutivo (http://www.uvm.cl/noticias.shtml?cmd%5B366%5D=i-366-15b0e0d5b51f37e7dea057a70ab3a8c3).
Bill Clinton aporta su imagen
La figura del ex presidente de EEUU William Clinton, utilizado como “canciller honorario” de LIU, ha sido uno de los mascarones de proa que usa Laureate para navegar en las aguas internacionales del negocio de la educación superior privada. Hasta hace pocas semanas, el ex presidente "ofrecía asesoramiento en temas como responsabilidad social, liderazgo juvenil y aumento del acceso a la educación superior". La pomada que vendía Clinton "también anima a la participación cívica y el liderazgo juvenil en importantes cuestiones sociales durante sus apariciones en los campus universitarios de Laureate", aseguró la propaganda corporativa LIU.
Y como consejera de Educación (Board Advisory Committee on Education), entre otros mascarones Laureate ostenta a la Dra. Condoleezza Rice, la secretaria de Estado (2005-2009) de George W. Bush. El ex presidente de México Ernesto Zedillo aparece hoy como consejero presidencial del grupo, donde aporta "su experiencia en elaboración de políticas y diplomacia”, aparte de su condición de “académico de nivel mundial", según la propaganda corporativa.
El paraguas universal que usa Laureate para obtener el lucro del negocio de la educación superior privada asegura que su misión, más bien noble, es "ampliar el acceso a la educación de mejor calidad para hacer del mundo un lugar mejor. A través de nuestra red mundial de instituciones de educación superior compartimos la misión de hacer la educación superior de calidad accesible y asequible para que más estudiantes puedan perseguir sus sueños" (http://www.laureate.net/).
En 2000, Laureate incorporó en Chile a la Universidad de Las Américas (UDLA) para hacer "accesible y asequible" a los jóvenes chilenos "sus sueños" de futuro. Fundada localmente en 1988, la UDLA se declara "pionera en la ampliación del acceso a la educación superior” a lo largo del país como "la segunda universidad más grande de Chile". Desde 2003, controla la Universidad Andrés Bello (UNAB), una de “las tres mejores instituciones privadas de educación superior en el país”, según la propaganda corporativa del holding; y desde 2009, la Universidad de Viña del Mar (UVM), fundada en 1988.
En 2006 instaló el Institute for Executive Development (IEDE), sucursal de la escuela de negocios para postgrados de la Universidad Europea de Madrid, establecida en 1994, que en Chile funciona adherida a la UNAB. El candidato presidencial Franco Parisi Fernández desempeñó la jefatura del IEDE Chile como decano hasta julio 2012. Los programas IEDE venden sus servicios en Santiago, Madrid y Shanghai, especializados en “programas de gestión, concentraciones generales de negocios, marketing, finanzas y liderazgo, con certificación internacional de calidad ISO 9001:2000”.
Otros negocios locales de Laureate son el Instituto Profesional AIEP (AIEP), instituto técnico y profesional, adquirido en 2003 y fundado en 1960, que ofrece 40 programas en negocios y gestión, tecnologías de la información, diseño y publicidad, ciencias de la educación y desarrollo social, y salud; y también el Instituto Profesional Escuela Moderna de Música (IP-EMM), adquirida por Laureate en 2008 y fundada en 1940 para educar en música y danza. Según la Fundación Sol, Laureate poseía hace dos años 123.739 alumnos repartidos entre la UNAB, UDLA, AIEP, IP Escuela Moderna de Música y Universidad Viña del Mar. Ahora tiene 177.000.
En junio de 2012, el informe sobre educación superior de una comisión investigadora de la Cámara de Diputados dio a conocer que la UDLA y otras seis universidades e institutos de educación superior incurrieron en irregularidades diferentes y no cumplieron las exigencias legales que obliga a las corporaciones educacionales “sin fines de lucro”. Tres casas de estudios –Las Américas, Andrés Bello y Viña del Mar– más el instituto Aiep pertenecían a la división Región Andina de Laureate Education Inc. Las otras tres fueron las universidades Santo Tomás, Uniacc y del Desarrollo.
Vínculos UDLA/Laureate
La junta directiva de la UDLA muestra el entretejido de los dos bloques políticos dominantes, Alianza/Chile Vamos y Concertación/Nueva Mayoría, en el negocio de la educación superior chilena. Y ese contubernio legitima dudas sobre la sinceridad de los propósitos enunciados de terminar con el “lucro ilegal” en la enseñanza superior que hizo colapsar a la Universidad del Mar, otra de las casas cuestionadas por el informe parlamentario 2012, donde las víctimas fueron 18.000 estudiantes que pagaron caro por sus sueños, además frustrados.
Por ejemplo, el miembro actual del directorio Jorge Constantino Demetrio Selume Zaror, del grupo de becarios de la escuela de economía de la Universidad de Chicago que tomó el control de la economía chilena con la dictadura Pinochet, presidió la Región Andina de Laureate Education Inc., el holding que en 2000 compró en 26 millones de dólares Desarrollo del Conocimiento S.A., la empresa controladora de la UDLA, para convertirla en subsidiaria.
Selume salió a la luz pública en diciembre 2012, durante la investigación de los fiscales Pablo Norambuena y Carlos Gajardo de los correos electrónicos que le envió el ex presidente de la Comisión Nacional de Acreditación (CNA), Luis Eugenio Díaz —quien estuvo en prisión preventiva por cohecho y lavado de activos— sobre planteles del holding que solicitaban acreditación.
Selume comenzó a colaborar con Pinochet cuando cumplía 28 años, para servir como director de Presupuesto, por recomendación del entonces ministro de Hacienda Hernán Büchi, a quien apoyó en su fallido intento de reemplazar al dictador vía las urnas en las primeras elecciones post-dictadura de 1989. Pertenece al grupo de empresarios de origen árabe (Carlos Abumohor Touma, Álvaro Saieh y otros) que hizo fortuna tras adquirir en 1986 el Banco Osorno por menos de 10 millones de dólares para vendérselo una década después (1996) en 496 millones de dólares al Banco Santander-Central Hispano de España.
Jorge Selume Zaror además, es el vicepresidente de la Universidad Andrés Bello desde el 24 de agosto de 2007, cuyo presidente desde 2011 es Juan Antonio Guzmán, ministro de Educación de Pinochet en 1987-1989, entre otros datos de su pedigree.
Selume también participa en actividades lucrativas con Álvaro Saieh, el dueño de Copesa (diario La Tercera, Qué Pasa y otros grandes medios) y de CorpBanca (fusionado con el brasileño Itaú en 2015), entre numerosos mega-negocios también es dueño del Hotel Hyatt, Unimarc, etc. Además, Selum ha sido directivo de la cúpula de CorpBanca, que posee 7 filiales (CorpBanca Administradora General de Fondos S.A.. CorpBanca Agencia de Valores S.A., CorpBanca Asesorías Financieras S.A., CorpBanca Corredores de Bolsa S.A., CorpBanca Corredora de Seguros S.A., CorpLegal S.A.y SMU Corp S.A.) y declaraba en 2014 un capital de 720,5 millones de dólares (340.358.194.234 de pesos chilenos de la época).
Este polifacético hombre de negocios tiene, además, un primo que –cuando es necesario– vota a favor de sus intereses en el parlamento, el diputado UDI Gustavo Hasbún Selume, graduado en tiempo récord como periodista en la Universidad de Santiago (Usach), quien votó en 2012 contra el informe que vinculaba a la UDLA (30.000 estudiantes) con el lucro en la educación.
Hasbún dijo que la comisión "perdió todo tipo de objetividad al mencionar solamente a algunas universidades y no a todas" y "eso demuestra claramente que el lobby pesó más que la realidad". El informe fue sepultado por la mayoría parlamentaria controlada por el lobby de la educación privada. (En abril de 2006, siendo alcalde de la comuna Estación Central de Santiago, Hasbún se tituló de periodista con la nota mínima en la Usach, luego de rendir un examen de grado defendido en "power point" ante una comisión integrada por el jefe de la carrera, Eduardo Román; la coordinadora de prácticas de la escuela, Sonia Aravena; y el académico Cristián Antoine. Los estudiantes estimaron que su exposición fue incoherente con la propuesta de su tesis y protestaron, mientras el académico Román señalaba que la defensa de tesis del alcalde fue "mediocre", porque el alumno "lograba hablar del tema, pero no necesariamente contestar las preguntas". Tampoco hubo audio ni video, como se estila en la escuela, dijo la versión electrónica del desaparecido diario gubernamental La Nación http://www.lanacion.cl/noticias/site/artic/20060428/pags/20060428234538.html).
Quien aparecía como presidente de la junta directiva UDLA hasta 2013 era Herman Chadwick Piñera, entonces también presidente del Consejo Nacional de Televisión, hermano del ex ministro del Interior y ex senador Andrés Chadwick, primo del ex presidente Sebastián Piñera. Curiosamente, en 2014 la UDLA aparece sin presidente: encabeza la junta directiva el vicepresidente José Pedro Undurraga I., ingeniero comercial de la Universidad Católica con un MBA en la Universidad de Chicago, la cuna ideológica del neoliberalismo, cuando los "Chicago's Boys" hicieron "su práctica" en un país totalmente sometido por la dictadura de Pinochet. Fue director ejecutivo de la Corporación Inacap, rector de la Universidad Tecnológica de Chile-Inacap., del Instituto Profesional Inacap y del Centro de Formación Técnica Inacap. En Gener SA fue subgerente general y gerente de la división eléctrica, además ha sido director de Puerto Ventanas, Energía Verde y Colbún, entre otras compañías. Ha sido asesor en los ministerios de Planificación, del Trabajo y de Hacienda, además de integrante del consejo de la Universidad de Atacama. Chadwick fue presidente (2006-2010) de la Asociación de Concesionarios de Obras de Infraestructura Pública (Copsa), agrupación de las empresas concesionarias del Estado que explotan obras de infraestructura o servicios públicos, léase autopistas privadas.
En la junta directiva UDLA también estuvo Genaro Arriagada Herrera, DC, ministro secretario General de la Presidencia 1994-1996, bajo el gobierno de Eduardo Frei Ruiz-Tagle, y continúa el periodista de extrema derecha Manfredo Mayol, asesor de Pinochet, de las campañas electorales UDI y de importantes empresas.
Otro directivo UDLA ha sido el abogado Cristián Inzulza Brajovic, ex jefe del departamento jurídico de la división de Educación Superior del ministerio de Educación, y participante en la tramitación de la ley 20.129, sobre "aseguramiento de la calidad de la educación superior", y la ley 20.027, que "modernizó" el sistema de financiamiento de la educación superior. Fue secretario técnico de la Comisión Asesora Presidencial para la Educación Superior, constituida en 2007 por Michelle Bachelet para elaborar la propuesta “Los desafíos de la Educación Superior Chilena”, entregada sin pena ni gloria en marzo de 2008. En abril de 2010 fue nombrado secretario general de la Universidad de Viña del Mar, también de LEI y afiliada al grupo global de Laureate.
La rectora de UDLA, Pilar Armanet (PPD), ex embajadora ante la Unesco y Francia, fue jefa de la División de Educación Superior (2000-2006) del ministerio de Educación durante el gobierno de Ricardo Lagos (2000-2006) y ministra vocera (2009-2010) del gobierno de Michelle Bachelet (2006-2010), mientras la ingeniera comercial PS –o filo PS– Pilar Romaguera, su ex subsecretaria (2006-2008) e ideóloga de la Subvención Escolar Preferencial (SEP), se desempeña hoy (2013) como decana de Educación de la UDLA.
Hasta junio de 2011, Paulina Dittborn Cordua, hermana del subsecretario de Hacienda de Piñera y ex diputado UDI Julio Dittborn, fue pro-rectora de UDLA, aunque originalmente sería nombrada rectora, pero la designación a ese cargo se frustró por el escándalo que generó el anuncio de su nombramiento dos meses después que el Consejo Superior de Educación (CSE), mientras ella ejercía como vicepresidenta, el 3 de abril 2008, cuando aceptó por unanimidad una apelación que revirtió el fallo negativo de la CNA a la acreditación de UDLA. La ministra de Educación, y por tanto presidenta del CSE, era entonces Yasna Provoste Campillay, DC, quien le entregó el cargo a Mónica Jiménez de la Jara el 17/04/2008. Paulina Dittborn aterrizó en la UDLA después de la acreditación del CSE, hacia fines de 2008.
Paulina Dittborn sirvió también a la dictadura como jefa de gabinete del ministerio de Educación (1981-1987), subsecretaria de Educación (1987-1988) y subsecretaria de Previsión Social (1988-1990). Fue directora del Colegio Mariano de Schöenstatt y actualmente es directora nacional de la red Colegios Santo Tomás y decano de la facultad de educación de la universidad homónima, que posee 14 sedes y 27.000 alumnos. Formada en arqueología y prehistoria cuando la Universidad de Chile era gratuita, magíster en psicología, presidió el Instituto Chileno Norteamericano de Cultura; dirigió la Corporación Educacional de la Sociedad Nacional de Agricultura, y fue consejera, vicepresidenta y miembro del Comité Coordinador del Sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior, del Consejo Superior de Educación (CSE).
Julio Castro Sepúlveda, nombrado en 2006 jefe de la División de Educación Superior del Mineduc –quien también aprobó la acreditación UDLA desde su sillón del CSE–, también terminó ligado a esa casa de estudios como asesor educacional de la Región Andina de Laureate International Inc., el holding propietario. Hoy Castro Sepúlveda es rector de la Universidad de Viña del Mar.
Los vínculos de Paulina Dittborn con la cúpula UDLA se remontan a los años 1990, cuando fue vicerrectora académica del Instituto Nacional de Capacitación (Inacap) y su rector, en 1999-2007, era José Pedro Undurraga Izquierdo, rector de UDLA hasta 2013. Undurraga fue también vicepresidente del grupo Región Andina de Laureate y, por tanto, colaborador estrecho de Jorge Selume Zaror, presidente de esa división. Undurraga, también director de la Empresa Nacional de Minería (Enami) en representación del presidente Piñera hasta enero 2013, quien secundó a Selume en levantar la Universidad Andrés Bello junto a Álvaro Saieh, Juan Antonio Guzmán (cónyuge de Paulina Dittborn), y Andrés Navarro, dueño de Sonda.
Los dueños de la Andrés Bello
Para vender la lucrativa mercancía llamada educación superior, un pequeño grupo cerrado fundó en 2003 la Universidad Andrés Bello. Víctor Saleh fue el accionista mayoritario (72% de la propiedad) de este negocio, secundado por Francisco Luna (25%), y por Luis Cordero, Ignacio Fernández y Marcelo Ruiz Pérez, que en conjunto aportaron el 3 % que faltaba. La “casa de estudios superiores incorporó después nuevos socios y pasó por varias manos ligadas a la extrema derecha y a negocios lucrativos hasta que el grupo Laureate compró su “cartera de alumnos” en 2003.
Entre sus accionistas figuraron los ex senadores y exs ministros de Interior y Economía de Piñera Andrés Chadwick y Pablo Longueira, a través de una sociedad anónima denominada Copra, que fundaron en 1986 junto a otros próceres de la UDI, Luis Cordero, Ignacio Fernández y Andrés Serrano Gutiérrez, del tribunal supremo de la tienda. En 1991, Copra ingresó a la propiedad de la Sociedad Inmobiliaria Andrés Bello y la Universidad que lleva el mismo nombre del ilustre venezolano.
Nadie recuerda cuando Copra vendió sus acciones de la Inmobiliaria Andrés. En el caso del ex ministro Andrés Chadwick, en su oportunidad informaron desde su cartera que cuando se convirtió en diputado “se retiró de la sociedad porque fue electo”, aunque no recordaban la fecha exacta, “pero fue entre 1990 y 1991, y no recibió nada de dinero al momento de desvincularse. Su señora, Victoria Costa, estuvo unos pocos meses más pero luego también se retiró”. En el caso de Pablo Longueira no hubo respuesta (http://www.elmostrador.cl/pais/2012/12/20/las-poderosas-redes-que-cierran-la-puerta-a-una-reforma-profunda-de-la-educacion/).
En 1996 Saleh vendió su parte en las sociedades vinculadas a la Universidad. Fue comprada por Álvaro Saieh, Andrés Navarro, Jorge Selume y los ex ministros de Pinochet Miguel Ángel Poduje y Juan Antonio Guzmán, ministro de Educación en los ’80.
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