Caso paltas: el conflicto de interés de la Seremi de Medioambiente de Valparaíso.

A fines de marzo el presidente Sebastián Piñera anunció al nuevo seremi del Medio Ambiente de Valparaíso. Este nombramiento no era nada menor, pues una de las provincias de esa región es Petorca, declarada zona de escasez hídrica, donde no solo se han secado los ríos, sino que también están en peligro de extinguirse las napas subterráneas.

El currículum de la seremi que asumía el desafío en este sector pasó inadvertido. No se caracterizaba por su experiencia en temas ambientales; se trataba de una arquitecta de la Universidad Finis Terrae, con un magíster en Políticas Públicas de la Universidad del Desarrollo y un año de labores (entre 2010 y 2011) en la Secretaría de Desarrollo Regional y Administrativo (Subdere) de la Región de Valparaíso, durante el primer gobierno del piñerismo.

Pero había otro dato que, solo ahora, con el paso de los meses, comenzó a circular entre las comunidades. Se trata de las relaciones familiares de María Victoria Gazmuri con empresarios de la zona.

El zar de las paltas.

El año 2011, el concejal Rodrigo Cuevas declaró a El Mostrador que en el valle existían tres empresas culpables de dejar “seco” el sector. Entre estas se encontraba la agrícola Río Tinto, propiedad del empresario Álvaro Gazmuri Plaza.

Aquellas palabras de la autoridad, se enmarcaban en esta crisis que los pequeños agricultores vienen sintiendo desde que el negocio de las paltas se tomó los terrenos de los cerros; una situación que ha sido visibilizada incluso por la prensa internacional, como un reportaje de The Guardian, publicado la semana pasada, donde se describían los efectos que están teniendo estas denuncias en los grandes supermercados importadores, donde se está evaluando no volver a comprar este fruto por el efecto que genera el desvío de aguas en las comunidades; en contraste a lo que sucede en Chile, donde el conflicto no se ha tomado la agenda de las altas autoridades.

María Victoria Gazmuri es hija del propietario de la Agrícola Río Tinto, aquel que fue apuntado por el concejal Cuevas hace siete años. El vínculo es importante, pues es la seremi de Medio Ambiente quien es encargada de fiscalizar que nadie abuse de los recursos naturales finitos. Para esas labores, Gazmuri recibe 3.874.946 de pesos brutos al mes.

El alcalde de Petorca, Gustavo Valdenegro, al referirse a la usurpación de agua por parte de los empresarios de la agro-exportación de frutas de Petorca planteó que “ninguno ha sido capaz de demostrar lo contrario. Ellos no han tenido el interés ni las ganas de demostrar lo contrario. Si yo no tuviera nada que temer sería el primero en demostrar que el robo de agua no es cierto, ellos no se han querido someter a un estudio acabado del agua que consumen, o si esto tiene o no drenes ilegales. Esto es sospechoso”.

Sobre el conflicto de interés que existe entre la autoridad regional y el productor de paltas de Petorca, el edil dijo que “es la tónica de este gobierno tener tantas afinidades y conflictos de interés. Esto no es bueno para nada”.

Por su parte, Rodrigo Mundaca, vocero del Movimiento de Defensa del Agua, la Tierra y la Protección del Medioambiente, quien ha sido perseguido e incluso demandado por exponer la usurpación de agua, planteó que “en materia de conflictos de intereses el gobierno de Piñera tiene mucho que decir y que explicar. En su campaña presidencial dijo que daría certeza jurídica de que la propiedad del agua no se iba a tocar, y hoy tiene más de cinco ministros en su gabinete que son dueños de derechos de aprovechamientos de agua”.

“Los conflictos de intereses se dan a todo evento en la provincia de Petorca, donde conspicuos productores de palta que han sido sindicados por usurpar agua como Álvaro Gazmuri tiene nexos políticos directos con autoridades, como la Seremi de Medio Ambiente de la Quinta Región”, agregó el líder social.

“Este caso es similar a lo que pasó cuando denunciamos a Pérez Yoma por usurpar aguas, cuando fungía como ministro del Interior del primer gobierno de Bachelet. Así también ocurrió con Eduardo Cerda, diputado en ejercicio hasta marzo de 2014, que fuera denunciado desde el año 2011 por usurpar agua siendo miembro de la Comisión de Agricultura de la Cámara de Diputados y además integraba la Comisión Investigadora para el Robo del Agua, es decir, los conflictos de intereses en materia de robo del agua en la provincia de Petorca son historia pasada, pero también una historia presente”, profundizó el vocero de Modatima.

Café vendido tendrá advertencia por cáncer: hay empresas que operan en Chile.

Una corte de Los Ángeles ordenó a Starbucks y a otras compañías de café que sus productos vendidos en California tengan una etiqueta que advierta sobre el riesgo de cáncer por su consumo.

El juez Elihu Berle reafirmó una decisión previa en un caso entre una pequeña ONG y 90 compañías que producen o venden café. Berle explicó en su fallo que las compañías -que incluye a Starbucks Corp., Keurig Green Mountain Inc. y Peet’s Operating Co.- no pudieron demostrar que los beneficios para la salud del consumo de café superan los riesgos de contraer cáncer por un químico producido durante el proceso de tostado.

El Council for Education and Research on Toxics (Consejo para la educación e investigación sobre tóxicos) demandó a estas compañías en 2010, inspirado en una ley de hace 30 años que requiere que las empresas coloquen etiquetas de advertencia a sus productos que puedan causar cáncer.

El grupo argumentaba que la acrilamida un químico sin sabor que se encuentra en la mayoría de los tipos de café- figura entre los cientos de productos químicos enumerados en California como potencialmente cancerígenos o dañinos para la salud.

La defensa no negó que la sustancia se halle en el café, pero aseguró que no representaba riesgo y que un subproducto natural del proceso de tostado, así como también indicaron que los beneficios de beber café superaban a los peligros.

El juez, sin embargo, consideró que “los demandados no ofrecieron pruebas sustanciales para cuantificar la cantidad mínima de acrilamida que requiere el café” y que no haya riesgo a la salud pública.

Varias de las empresas demandadas, incluida 7-Eleven, querían llegar a un acuerdo antes de la decisión del juez y no arriesgarse a tener que colocar la etiqueta, pero otras como Starbucks decidieron esperar por el fallo de la corte.

El abogado Raphael Metzger, que representó a la ONG, dijo que las partes entraron en un proceso de mediación pero aseguró que si no se logra un acuerdo, las compañías enfrentarán sanciones civiles.

Además del café, la acrilamida se encuentra en otras comidas cocinadas a alta temperatura, como las papas fritas y las galletas de soda.