Así lo reveló una investigación del Mineduc que detalla los perjuicios que ese lucro provoca. Uno de ellos: la crítica situación de la UVM cuya deuda supera cinco veces su patrimonio. CIPER revela los millonarios contratos a políticos de izquierda y derecha. Un escudo para la supervivencia de ese modelo.
Las 353 páginas que contienen las conclusiones de la investigación sobre el lucro indebido obtenido por el Grupo Laureate, a través de las tres universidades que controla en Chile, y que fue ordenada por el Ministerio de Educación (Mineduc), contienen cifras por compra y venta de servicios, fórmulas contables, reportes financieros, declaraciones de ex autoridades de los planteles y tasaciones inmobiliarias. Están escritos en un lenguaje de auditores y abogados, pero si se despeja la niebla de los tecnicismos, aparecen los datos duros relevantes.
Que la situación económica de la Universidad de Viña del Mar es crítica. Tan crítica, que sus deudas superan en más de cinco veces su patrimonio. Que entre los años 2012 a 2016 las tres universidades del Grupo Laureate traspasaron a sus sociedades relacionadas más de $219 mil millones, lo que afectó la salud financiera de los planteles. Que los pagos a relacionados representan más del 20% de los gastos ejecutados por la Universidad de Las Américas. Y lo más grave: que los servicios que dice prestar Laureate a cambio de multimillonarios pagos, no están justificados.
En los informes también hay testimonios de ex decanos que acusan a Laureate de haber arruinado el proyecto educativo de la Universidad Andrés Bello. Y están también los testimonios de alumnos de esas tres universidades que reclaman porque ellas no han cumplido con lo que prometen en sus contratos. En este acápite, las acusaciones de los alumnos se ven reforzadas por información entregada al Mineduc por el Servicio Nacional del Consumidor (Sernac). Su informe cifra en 890 los reclamos recibidos en contra de la Universidad de Las Américas entre 2012 y 2016 por incumplimiento de contrato, servicio defectuoso y publicidad engañosa, entre otros ítems.
CIPER accedió y revisó en detalle los informes de la investigación realizada a las tres casas de estudio de Laureate. La argumentación del Mineduc es contundente para acusar que las tres universidades del grupo en Chile cometieron “grave infracción por lucro”, al traspasar millonarios recursos a su controlador.
CIPER pudo, además, revisar la contabilidad de esas tres universidades y examinar con lupa los sueldos que se pagan a sus directores y rectores, varios de los cuales provienen del mundo político. Hay ex jefes del Mineduc, ex superintendentes de AFP, ideólogos comunicacionales de la dictadura y altos dirigentes políticos de los gobiernos de la Concertación. Varios de ellos obtienen más de $100 millones anuales por prestar su nombre para sumar influencia a los asientos de los directorios del Grupo Laureate. Pilar Armanet, rectora de la Universidad de Las Américas hasta marzo de este año, no es un caso aislado.
En un reportaje anterior, CIPER ya dio a conocer las conclusiones de la investigación del Mineduc. Allí se acusa a las tres universidades del Grupo Laureate de servir como vehículos para traspasar ganancias a su controlador, a través de contratos por venta de servicios y por utilización de la propiedad intelectual (vea aquí reportaje de CIPER).
El martes 3 de abril el subsecretario de Educación, Raúl Figueroa, aseguró en la Cámara de Diputados que las tres universidades habían sido notificadas de la decisión del Mineduc, quien les exigió que finiquitaran dos de los contratos que mantienen con Laureate.
Ahora CIPER revela el contenido de los informes completos del Mineduc sobre el funcionamiento de las universidades Andrés Bello, de Las Américas y de Viña del Mar.
EL “PLAN ECONÓMICO” DE LA ANDRÉS BELLO
Los informes del Mineduc sobre las universidades Andrés Bello y de Las Américas son los más extensos. Incluyen testimonios de académicos y de alumnos, quienes reclaman por las políticas impuestas por Laureate en los planteles.
La declaración que prestó ante el Mineduc el ex decano de la Facultad de Derecho de la UNAB, Alfredo Ugarte, es clave. El abogado formó parte de la UNAB entre 1999 y 2014. Su experiencia durante esos 15 años la relató a la abogada instructora del Ministerio de Educación el 25 de mayo de 2017, cuando afirmó que el proyecto de la Universidad Andrés Bello creció hasta la llegada de Laureate:
“Se cambiaron todos los parámetros, se cortaron gastos de inversiones en materia académica y de investigación, y se empezó a exigir a los decanatos el cumplimiento de un plan económico y rendimiento de Ebitda (beneficio bruto del negocio antes de gastos financieros), siendo calificados dichos académicos que ejercían el decanato, no por su calidad técnica, publicaciones o investigaciones, sino que por el cumplimiento de la Ebitda. Fue un cambio radical de administración. El proyecto dejó de ser académico y se empezó a privilegiar lo económico”.
Ugarte relató que para fiscalizar el cumplimiento de las metas impuestas a cada facultad, Laureate instaló coordinadores económicos, a cargo del vicerrector de Finanzas de la universidad. Y agregó: “Los directivos y vicerrectores se reunían a lo menos una vez al semestre en Miami con los representantes de la plana mayor de Laureate (…) Los resultados obtenidos en estas reuniones eran los que en definitiva autorizaban los fondos y gastos de la universidad” (vea aquí la declaración completa de Alfredo Ugarte).
La investigación desarrollada a pedido de la ex administración del Mineduc, describe los contratos firmados entre la UNAB y su controlador. Llama la atención una cláusula que establece que si en un futuro la autoridad determina que se deben pagar impuestos por los servicios que se venden (actualmente no pagan nada), es la universidad la que deberá “indemnizar” a Laureate por los tributos cobrados.
Los contadores Juan Ruz Ramírez y Nelsón Caro Román (Ruz & Caro) realizaron un análisis de los traspasos de dinero desde las universidades de Laureate a su empresa controladora. En el caso de la UNAB, les llamó la atención el incremento que han experimentado los pagos:
“Estos costos y gastos con relacionadas han experimentado un crecimiento acumulado del 60%, y un crecimiento promedio anual del 13%, lo que equivale a un monto total aproximado de $140 mil millones entre los cinco años bajo análisis (2012 – 2016), significando en promedio un 18% respecto al total de costos y gastos de operación”.
Las conclusiones de la investigación del Mineduc sobre la UNAB le disparan a los contratos que mantiene con su dueño. Porque a pesar de que la institución tiene una “buena” estructura de liquidez financiera, en el periodo analizado -2012 a 2016- el superávit acumulado no es significativo (un 2% de los ingresos en 2016): “Esto se explica en gran medida porque los precios de dos de sus contratos suscritos con una de las empresas de su controlador significaron una merma considerable en las utilidades percibidas durante el periodo 2013 – 2015 (…) el tipo de servicios objeto de los contratos de Licencia de Propiedad Intelectual y de Servicios de Productos de Red Laureate no tan solo son innecesarios o no están justificados, sino que, más grave aún, se configuran como mecanismos jurídicos destinados a desviar los excedentes de la corporación de derecho privado sin fines de lucro Universidad Andrés Bello para incrementar el patrimonio de su controlador”.
Solo por esos dos contratos, la UNAB transfirió a Laureate $27,6 mil millones (entre 2013 y 2015), la misma cifra del total del fraude en Carabineros que hoy tiene en las cuerdas a la policía uniformada.
La investigación del Mineduc a las finanzas de la UNAB se inició en 2016, luego de que se acumularan denuncias de estudiantes en contra del plantel, y que CIPER revelara una auditoría de Aptitude que concluyó que no existe certeza de que los servicios que Laureate vende al plantel sean útiles (vea aquí reportaje de CIPER).
La primera denuncia fue presentada por dos estudiantes de la carrera de Química y Farmacia, quienes reclamaron que la directora de la Facultad de Medicina de la sede de Viña del Mar tenía una disponibilidad limitada, además de no existir apoyo hacía los estudiantes ni tutorías de docentes en el desarrollo de sus prácticas profesionales en laboratorios, centros asistenciales y en la industria farmacéutica. Acusaron también que los alumnos no tenían establecimientos donde realizar sus proyectos de titulación, debido a una gestión administrativa deficiente para definir los cupos.
A esa denuncia inicial se sumó el petitorio que el Consejo de Presidentes de los estudiantes de la UNAB envió al Mineduc, donde pidieron que se aclararan las denuncias por lucro del plantel. El diputado Mario Venegas (DC) ingresó una tercera acusación el 13 de junio de 2016, haciendo referencia al informe de Aptitude.
Desde entonces, las denuncias sobre la UNAB no pararon. Dos estudiantes de la carrera de Derecho acusaron cambios en las reglas del juego en su proceso de titulación. Otros alumnos de Química reclamaron que no tenían lugares para realizar sus seminarios de título. El Sernac informó al Mineduc en septiembre de 2016 que estaban tramitando dos causas judiciales en contra de la UNAB por “incumplimiento de contrato” e “incumplimiento sobre precios”, además de mediaciones colectivas entre estudiantes y la institución por incumplimiento de las condiciones ofrecidas y por cláusulas abusivas en los contratos.
El estudiante de Administración, Antonio Baeza Chamorro, declaró ante el Mineduc que el reglamento de la universidad coarta el derecho a la libre expresión, y que existe una baja tasa de profesores por alumno. En la página 69 el informe del Mineduc recoge la declaración de Fabián Ceballos, ex vocero de los estudiantes de Derecho, que acusa lucro en la institución y cuestiona la calidad académica que entrega el plantel. Ceballos fue expulsado de la universidad luego de la toma que los estudiantes protagonizaron en 2016.
UDLA: EL ORIGEN DE LAS SOSPECHAS
La investigación del Mineduc a la Universidad de Las Américas (UDLA) fue la primera que se materializó en contra de una institución del Grupo Laureate. Una resolución del 3 de noviembre de 2014 oficializó la indagatoria.
Una de las primeras diligencias fue oficiar al Sernac para saber si existían denuncias de estudiantes en contra de la universidad. Y vaya que existían: 890 reclamos entre 2012 y 2016, por incumplimiento de contratos, publicidad engañosa o falsa, cláusulas abusivas o cobros excesivos de tasas de interés, entre otras. Más allá de esos reclamos, la indagatoria sobre la UDLA se erigió sobre los cuestionamientos planteados por la Comisión Nacional de Acreditación (CNA) y el Consejo Nacional de Educación (CNED) de 2013 en adelante.
La primera alerta la planteó la CNA en 2013 cuando decidió no acreditar a la UDLA. ¿El motivo?: los contratos de servicios entre la universidad y Laureate. “Aunque el componente de remuneraciones académicas es bajo, el gasto en arriendos, servicios administrativos y educacionales, prestados por empresas relacionadas a Laureate, es sustantivo. Por la salida de flujos hacia Laureate, la universidad está expuesta a una eventual vulnerabilidad financiera en caso de no tener su soporte”, se lee en el informe de la CNA.
En ese momento, fines de 2013, el 24% de los egresos operacionales de la UDLA se iban a sociedades relacionadas. Los cuestionamientos fueron escalando. El CNED apuntó a la utilidad de los servicios: “La institución estaría destinando parte importante de sus recursos a cuestiones que no aportan sustantivamente al servicio educativo o a servicios que están siendo subutilizados”.
En 2016 la CNA acreditó a la UDLA, dándole un respiro a su situación financiera ya que así volvió a recibir recursos por el Crédito con Aval del Estado (CAE) que recuperaron sus alumnos. Pero las objeciones a los pagos a Laureate no cesaron. Y ello porque la CNA detectó que, a pesar de la brusca caída en la matrícula que sufrió el plantel al perder la acreditación en 2013, los pagos a Laureate por “servicios” no disminuyeron significativamente.
El 6 de mayo de 2016 la abogada a cargo de la investigación sobre la UDLA en el Mineduc, envió un memorándum a la subsecretaria de Educación de entonces, Valentina Quiroga, advirtiéndola de las irregularidades detectadas: “La Universidad de Las Américas habría incurrido en conductas que contravienen el espíritu de la ley, a través de contratos suscritos con las filiales del controlador (Laureate International), por los cuales se estarían desviando fondos de la Corporación hacia la misma, operaciones que son del todo contrarias a su naturaleza de entidad con personalidad jurídica de derecho privado sin fines de lucro, de acuerdo a sus estatutos y la ley”.
Pilar Armanet, militante PPD y ex rectora de la Universidad de Las Américas
El Mineduc decidió recabar más información. Se envió una solicitud al Consejo de Defensa del Estado (CDE) para saber cómo se podría encauzar una contienda judicial por lucro contra una universidad privada. A febrero de 2017 el CDE no había respondido.
También se realizó una reunión con la Agencia de Promoción de la Inversión Extranjera para conocer la capacidad de maniobra de Laureate en el país. Y ello, porque el grupo transnacional firmó seis contratos de inversión extranjera con el Estado de Chile para ingresar los recursos que le permitieron comprar las tres universidades. En esa cita participaron los entonces ministros de Educación, Hacienda y Segpres: Adriana Delpiano, Rodrigo Valdés y Nicolás Eyzaguirre, respectivamente. La conclusión fue que los contratos de inversión no facultaban a Laureate para saltarse la normativa educacional que impide lucrar con las universidades.
Otro informe que fue clave para que el Mineduc concluyera que la UDLA comete una infracción grave al traspasar recursos a su controlador a través de los contratos por servicios, fue elaborado por la abogada Joanna Heskia a solicitud del CNED, en 2014. En ese estudio, la abogada aseguró que no existen pruebas de que la universidad utilice efectivamente los servicios, “que incluso muchos de los beneficios se repiten en varios contratos”, y que algunos de ellos se utilizaron antes de 2007, cuando entraron en vigencia los contratos.
La conclusión de la abogada fue dura: los programas de la Red Laureate están “gravemente subutilizados”, lo que los hace “extremadamente onerosos”. Heskia aseguró, además, que ningún estudiante de la UDLA había utilizado hasta entonces el programa de doble titulación ofrecido por el controlador. Citó a modo de ejemplo, que en 2012 solo 7.900 alumnos y 14 profesores utilizaron los cursos de inglés, de un total de más de 30 mil estudiantes matriculados. Por esos cursos la universidad paga a su controlador 250 dólares por cada estudiante.
Entre los años 2012–2016 la universidad pagó $66 mil millones a sociedades relacionadas con su controlador, un 21% de sus gastos operacionales.
UVM: SITUACIÓN CRÍTICA
La Universidad de Viña del Mar (UVM) fue creada el 17 de noviembre de 1988 por un grupo de familias influyentes de la Quinta Región. Los Bustamante Falcone, Madain Ayub, Nanjari Román y Barbieri Belloli fundaron esa casa de estudios apostando a que se convertiría en la gran universidad de la ciudad jardín. A 30 años de su creación, el plantel atraviesa por una precaria situación económica.
En 2009 la UVM se convirtió en la tercera y última universidad chilena en ser adquirida por el Grupo Laureate. Bastarían pocos años para que su situación se desestabilizara hasta alcanzar un punto crítico. La investigación del Mineduc cita información de la CNA, que asegura que los excedentes de la institución cayeron de $1.083 millones en 2010 a solo $15 millones en 2014. Esto se explica porque los gastos (18%) crecen más que los ingresos (12%). Como gastos se contabilizan los millones de dólares que año a año la UVM envía a Laureate como pagos por servicios que no son necesarios, concluyó la indagatoria del Mineduc.
La información financiera al plantel llamó la atención de las autoridades del ministerio por una serie de otras cifras que muestra la debilidad económica de la universidad: la deuda concentrada con Laureate Education Inc. (sociedad controladora) llega a $3.704 millones, cifra superior al patrimonio de la institución ($3.444 millones). En el informe se señala: “Hay un claro deterioro de sus indicadores financieros, donde los costos operacionales crecen un 6% por sobre los ingresos, aun cuando la matrícula nueva se ha incrementado (…) Los excedentes han tenido una caída sustancial a través del periodo”.
En la página 72 del informe del Mineduc sobre la UVM se cita el análisis de los contadores Ruz & Caro, quienes determinaron que “la UVM cuenta con una estructura de liquidez financiera crítica, presentando déficit de capital de trabajo en todos los años del periodo bajo análisis y con un endeudamiento total que ha evolucionado a un nivel de 5,6 veces el patrimonio en el año 2016”.
Gráfico elaborado por expertos del Mineduc
Ese mismo análisis pone el acento en el aumento de los pagos a sociedades relacionadas, el que creció 105% entre 2012 y 2016. En total, la UVM pagó a sociedades relacionadas más de $12 mil millones durante ese periodo.
Con esas cifras y tomando como base una metodología utilizada por la OCDE, los contadores Ruz & Caro compararon los pagos que realiza la UVM a su sociedad relacionada Laureate Trademark BV a cambio de algunos servicios, con los que realizan otras universidades de Chile a empresas no relacionadas (que no son propiedad de su controlador), para saber si esas transferencias se hacían con precios a valor de mercado (vea aquí la explicación técnica de ese ejercicio contable).
Explicado en simple: los contadores compararon el margen de utilidad de la UVM y sus gastos de administración y operación general, con el que obtuvieron otras 13 universidades que pagaron por servicios similares. El resultado fue decidor: el margen de operación sobre el costo fue de -0,19%, mientras que el promedio de las otras instituciones analizadas alcanzó un 5,33%. “Se puede inferir que los precios pagados por UVM a sus partes vinculadas (sociedades de Laureate) por los servicios de asesorías académicas y transferencia técnica, sí afectaron su rentabilidad entre 2013 y 2015”, concluyeron los expertos.
Los auditores también hicieron el ejercicio de eliminar los cargos por servicios de asesorías académicas y transferencia técnica contratada por la UVM a sus relacionadas. Luego recalcularon su rentabilidad, la que entonces llegó a un 9,49%. La conclusión fue lapidaria: “Lo anterior deja en evidencia que el tipo de servicios objeto de los contratos de Licencia de Propiedad Intelectual y de Servicios de Productos de Red Laureate no tan solo son innecesarios o no están justificados, sino que, más grave aún, se configuran como mecanismos jurídicos destinados a desviar los excedentes de la corporación de derecho privado sin fines de lucro Universidad de Viña del Mar, para incrementar el patrimonio de su controlador”.
Luego de eliminar los pagos por asesorías académicas y transferencia técnica en el resto de las 13 universidades que se usaron para la comparación, las variaciones del margen de utilidades sobre el costo no fueron tan pronunciadas, lo que llevó a los analistas a concluir que “este tipo de servicios no son críticos y/o estrictamente necesarios para la gran mayoría de las universidades comparables”.
Los auditores extendieron ese mismo ejercicio para los pagos por servicios realizados por la UNAB y la UDLA y los resultados fueron similares.
La Universidad Andrés Bello tuvo utilidades sobre costos de 1,6% entre 2013 y 2015, frente a una mediana de 5,82% del resto de las universidades con la que se la comparó. Y la UDLA alcanzó un resultado más dramático: -5,41% frente a un promedio de 6,28% para el resto de las universidades analizadas (vea tabla de comparación de UNAB y UDLA).
Dos de los contratos entre la UVM y Laureate objetados por el Mineduc establecen que la universidad pagará 250 dólares por alumno matriculado, además del 2% de sus ingresos netos, a la sociedad Laureate Trademark BV (registrada en Holanda) a cambio de la utilización de la marca Laureate y de cursos de inglés, además de otros beneficios como acceso a bibliotecas globales. Son los mismos contratos que firmaron las otras universidades del grupo: Andrés Bello y de Las Américas.
LA COSTOSA INFLUENCIA
El ex presidente estadounidense Bill Clinton fue uno de los principales voceros del Grupo Laureate a nivel global entre 2010 y 2015. Investido como “canciller honorario” del grupo, recibió casi US$ 18 millones por esa función, según una investigación del Washington Post. Tener a Clinton en sus filas le permitió a Laureate ganar respeto e influencia a nivel mundial. El mismo modelo lo han replicado en Chile, contratando a ex dirigentes políticos para darle mayor seriedad y peso a sus instituciones.
CIPER accedió a la contabilidad de sus tres universidades y revisó los cuantiosos montos pagados a figuras de la Concertación y de la derecha que aterrizaron en Laureate. Esas mismas figuras gozan de tribuna en distintos medios de comunicación para defender el modelo educativo y financiero del grupo de educación superior privada.
El pasado domingo 8 de abril, el médico Hernán Sandoval (PPD) –ex embajador en Paris y amigo de Ricardo Lagos– apareció a página completa en Reportajes de El Mercurio afirmando: “Da lo mismo si el controlador de una universidad tiene fines de lucro”. Lo hizo precisamente en momentos en que el Tribunal Constitucional había declarado inconstitucional un artículo de la Reforma a la Educación que prohibía que instituciones con fines de lucro controlen universidades. Ese fallo desató una lluvia de críticas y reavivó la oposición pública al lucro universitario. Esa misma semana la Federación de Estudiantes de la UDLA, protestó contra Laureate luego de que CIPER revelara las conclusiones de la investigación del Mineduc sobre el plantel. El controlador estaba en apuros.
Sandoval es el decano de la Facultad de Salud de la UDLA y el requerimiento al TC fue presentado por Pilar Armanet, también militante del PPD y entonces rectora de la misma universidad. No hay claridad del sueldo que recibió Armanet durante cuatro años como rectora de la UDLA (dejó el cargo hace unos días), pero se puede inferir. Su antecesor en la rectoría, José Pedro Undurraga, declaró en la Fiscalía (en la causa por lucro, ya concluida) que su remuneración mensual era de $20 millones y que los pagos los realizaba una filial de Laureate, no la universidad.
Entre 2008 y 2012 la UDLA tenía en su directorio a figuras de la derecha y de la izquierda. Allí estaban Manfredo Mayol, asesor comunicacional de la UDI y colaborador de la dictadura; Genaro Arriagada (DC), ex ministro de la Concertación; y Herman Chadwick Piñera (UDI), primo del presidente Sebastián Piñera y actual presidente de ENEL. Herman Chadwick presidía el directorio de la UDLA y en esos años percibió $253 millones. En el mismo periodo Genaro Arriagada recibió $155 millones y Manfredo Mayol otros $124 millones.
Herman Chadwick, ex presidente del directorio de la Universidad de Las Américas.
En esa misma época, Paulina Dittborn Cordua era la pro-rectora de la UDLA. Fue subsecretaria de Educación durante la dictadura y su esposo, Juan Antonio Guzmán, fue ministro de Educación de Pinochet (1987-1989). Dittborn es hermana del actual asesor del Ministerio de Hacienda, ex subsecretario de esa cartera y ex diputado Julio Dittborn (UDI). Hasta antes de ingresar a la UDLA, Paulina Dittborn fue vicepresidenta del Consejo Superior de Educación. Entre 2009 y 2011 recibió del plantel $327 millones.
Las otras universidades de Laureate siguen el mismo patrón. En 2009 asumió como rector de la Universidad de Viña del Mar Julio Castro Sepúlveda, quien entre 2006 y 2008 fue el jefe de la División de Educación Superior del primer gobierno de Michelle Bachelet. Actualmente es director de AIEP, el instituto profesional de Laureate. Solo entre 2010 y 2012 recibió de la UVM $336 millones.
Oscar Garretón Purcell (PS), fue director de la UNAB. Por esa labor percibió $34 millones entre 2008 y 2011. En el mismo directorio está Julio Bustamante Jeraldo (DC), ex superintendente de AFP de los gobiernos de Patricio Aylwin y Eduardo Frei Ruiz Tagle. Entre 2008 y 2011 recibió $35 millones de la universidad.
En el mismo periodo (2008 – 2011) el actual ministro del Interior, Andrés Chadwick Piñera, recibió un sueldo mensual de la UNAB que totalizó $36,3 millones. Esos pagos cesaron en septiembre de 2011, cuando asumió como ministro del primer gobierno de Piñera. Antes de ese nombramiento, era senador de la UDI por la Región de O´Higgins. Desde la oficina del ministro Chadwick respondieron a CIPER: “El ministro fue profesor de derecho constitucional de la Universidad Andrés Bello y esa labor fue transparentada en la Declaración de Intereses y Patrimonio que hizo en 2011. Cuando entró al gobierno ese año dejó de trabajar en la universidad y lo más seguro es que los pagos hasta septiembre de ese año se deban a un desfase. Aun así, senadores y ministros no están impedidos para realizar clases en universidades”.
